Dos ex presidentes de la Diputación declaran esta semana en el 'caso Zamora'

Los ex presidentes de la Diputación de Zamora Luis Cid Fontán y Antolín Martín declararán esta semana, en calidad de imputados, ante el magistrado del Tribunal Supremo que instruye el caso Zamora, José Antonio Martín Pallín. Tras el paréntesis de la Semana Santa, el instructor retomará mañana la toma de declaraciones con los constructores Luis Blanco Casado y Herminio Montero.El miércoles comparecerán también en calidad de imputados el constructor Basilio Marcos Escudero, y Luis Cid Fontán, quien fue presidente de la Diputación de Zamora entre 1983 y 1991, y actualmente es diputado del PP en las Cortes de Castilla y León. Según la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, bajo la Presidencia de Cid Fontán se consolidó en la Diputación zamorana un sistema de adjudicación de obras y servicios que no sólo no se ajustaba a la legalidad vigente sino que de forma abierta y constante prescindía de los trámites legalmente establecidos, limitando deliberadamente la libre concurrencia de las empresas que pudieran estar interesadas con el propósito de beneficiar a una determinada oferta.

El jueves declarará como imputado Antolín Martín, presidente de la Diputación de Zamora desde 1991 hasta abril de 1997, fecha en que una moción de censura de su hasta entonces partido, el PP, le descabalgó del cargo. Martín fue la persona que destapó el escándalo en unas declaraciones a la prensa en las que denunció el cobro de comisiones ilegales en la Diputación y el "tráfico de maletines" en la etapa de Cid Fontán.

Denuncia de Corrales

Posteriormente, sus manifestaciones fueron reforzadas por las del constructor Eduardo Corrales, que dijo que él mismo pagó comisiones a cambio de la adjudicación de obras de la Diputación. El mismo jueves también está citado a declarar, como testigo, el concejal del CDS en Zamora Luis Rodríguez San León, quien entregó en su día una lista al fiscal de dicha provincia con los nombres de 16 posibles testigos.El caso Zamora tiene su origen judicial en una querella del PSOE contra miembros del Partido Popular por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación y usurpación de funciones, por diversas irregularidades cometidas por la Diputación, como el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obras. A esta querella se sumó después una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción.