El Gobierno emplaza a Otegi a condenar la violencia callejera tras el desmarque de ETA

El Gobierno emplaza al dirigente de Euskal Herritarrok (EH), Arnaldo Otegi, a condenar la kale borroka (lucha callejera) una vez que la propia ETA ha dejado claro que no se responsabiliza de los sucesos vandálicos que se suceden en el País Vasco. El Gobierno interpreta que en la entrevista emitida el lunes por la noche en la televisión pública vasca, ETA deja libertad a Otegi para una condena expresa. Asimismo, el Ejecutivo responde con predisposición al emplazamiento de la banda terrorista al diálogo, expresado en la misma entrevista, aunque matiza que sus condiciones ya son conocidas.

Los dos encapuchados de ETA que el lunes fueron entrevistados en la ETB no condenaron la violencia callejera, en contra de lo que esperaban los partidos del Pacto de Lizarra, pero tampoco asumieron la responsabilidad de estas actuaciones, con lo que abrieron la puerta a su condena por parte de EH. Éste es el análisis que ayer hacían los analistas del Gobierno de José María Aznar, quienes al mismo tiempo subrayaban que la entrevista concedida por la banda no ha estado a la altura de las expectativas suscitadas, sobre todo por el líder del PNV, Xabier Arzalluz, que reiteradamente había anunciado un próximo llamamiento al cese de la kale borroka por parte de ETA.No sólo no hay una condena de la violencia callejera por parte de ETA -la banda, si bien afirma que es ajena a ella, señala también que es una forma de "autodefensa"-, sino que, además, asegura que sólo declarará el paso de la tregua indefinida al cese definitivo de la violencia cuando se reconozca a Euskadi el derecho a la autodeterminación. El ministro del Interior, Jaime Mayor, aludió ayer a esta cuestión: "Hay una posición más fuerte de ETA dentro del frente nacionalista, por eso deben ser sus firmantes los que reflexionen, ya que habían dicho que habría muchas cosas nuevas y lo cierto es que ha habido muy pocas".

El Gobierno tampoco se hace demasiadas ilusiones sobre el final definitivo de la violencia callejera. Cree que en estos momentos, ante la proximidad de las elecciones municipales del 13 de junio, puede experimentar un reflujo y posteriormente reavivarse como arma de presión sobre el sector no nacionalista de Euskadi. Mayor no dudó en señalar, a este respecto, que "el Pacto de Estella se asienta en una táctica basada en la falsedad".

El Gobierno central asume la oferta de diálogo hecha por ETA durante la entrevista, incluso "mañana mismo". Fuentes de La Moncloa ratificaron que el Gobierno está dispuesto a sentarse a hablar con ETA en cuanto designe a sus interlocutores. No hay condiciones previas. Otra cosa es el límite que el Gobierno se impone a la negociación con la banda: la salida de sus presos y nada de cuestiones políticas, cuya competencia es de los partidos. Mayor fue ayer claro al parafrasear a José María Aznar: "La paz no tiene precio y no puede ser objeto de ventajas políticas".

En este sentido, el Gobierno mantiene su política penitenciaria. Fuentes de La Moncloa reiteraron que de "manera inminente", antes del Aberri Eguna (Día de la Patria Vasca) -el próximo domingo-, se materializarán las medidas para algunos de los 16 reclusos que el Ministerio del Interior anunció que obtendrían beneficios penitenciarios: pases al tercer grado y traslados a cárceles del País Vasco.

El Ejecutivo se muestra preocupado por el "alto precio político" que están pagando PNV y Eusko Alkartasuna para asegurar a EH en el Pacto de Lizarra sin, a su juicio, obtener contrapartidas, como podía ser la condena de la violencia callejera por parte de ETA. Recuerda, por ejemplo, el apoyo a la Asamblea Kurda en el exilio, la petición de observadores de la ONU, el llamamiento a una manifestación unitaria el 10 de abril y el paro de una hora, dos días después, entre otras decisiones de los partidos de Lizarra.

A juicio del ministro del Interior, en ETA sólo quiere abusar del frente nacionalista, y algunos partidos de este frente -en alusión al PNV y EA- dejan que la banda abuse del mismo. Mayor cree que la entrevista de ETA supone un "retroceso" respecto a los comunicados de septiembre y noviembre, en la medida que reivindica el comunicado del 25 de abril de 1995, donde ponía como condición para el cese definitivo de la violencia el reconocimiento del derecho de autodeterminación.