Dos jueces a la greña

Dos jueces a la greña. Ésa es la imagen que se desprende de la investigación realizada por encargo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y que permitió ayer a la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expedientar a ambos jueces por varias faltas muy graves. Uno de los dos jueces expedientados, Manuel Gutiérrez Luna, de 49 años, ha sido decano de los juzgados de Algeciras hasta el 10 de marzo último; el otro es Luis Alfredo de Diego, de 42 años, juez de instrucción número 4 de la misma ciudad. Entre otros hechos, se atribuye a ambos jueces la utilización de la Guardia Civil para vigilarse uno a otro. ¿Qué hay en el origen del conflicto? Una crítica dirigida por De Diego a Gutiérrez Luna sobre su actuación como decano, publicada por un periódico local; la controversia sobre el deslinde de las viviendas que ambos disfrutan en el Palacio de Justicia de Algeciras; la supuesta instigación por Gutiérrez Luna de una campaña periodística emprendida por el alcalde de Algeciras, el andalucista Patricio González, contra De Diego, quien reclamó al Ayuntamiento y a la Fundación Municipal Universitaria salarios por importe de 284.727 pesetas, devengados sin dar clase, por la demora en contratarle.La primera constatación que realiza José Manuel López García de la Serrana, el magistrado instructor de las diligencias informativas, es la "existencia de un enfrentamiento personal" entre ambos jueces, "por motivos ajenos a la función jurisdiccional". Entre otros datos de ese enfrentamiento aparecen recortes de la prensa local, las denuncias recíprocas dirigidas por uno y otro al CGPJ y al TSJA, rematadas con la petición de Gutiérrez Luna al fiscal para que se querellase contra De Diego por injurias y calumnias.

El instructor señala que tales enfrentamientos "han trascendido al público, porque unos y otros se han preocupado de airearlos en la prensa", hasta convertir en un "campo de batalla" los periódicos del Campo de Gibraltar. Profesionales del derecho, altos mandos de la Guardia Civil y los magistrados de Algeciras manifestaron al instructor "lo difícil que les resulta desarrollar su labor en tal ambiente y la zozobra que les produce cada día los titulares de la prensa".

Pero desde el punto de vista disciplinario, e incluso penal, lo más grave es que, según el instructor, "ambos magistrados, al margen de todo procedimiento formal iniciado al efecto, han realizado de manera particular y privada investigaciones sobre la actuación del otro, valiéndose de su cargo para obtener la colaboración de funcionarios de la Policía Judicial y de los números de la Guardia Civil que custodian el edificio de los juzgados".

Así, aparece acreditado que, siendo decano, Gutiérrez Luna pidió a la Guardia Civil "informes sobre las visitas recibidas por su compañero De Diego y solicitó que se le informara de las que recibiera en el futuro". Uno de los supuestos visitantes era Francisco Foncubierta, secretario del partido La Voz de Algeciras.

Igualmente, el juez De Diego, en compañía del secretario de su juzgado, "se personó en el cuartel de la Guardia Civil de Algeciras diciendo quién era, lo que le facilitó llegar al despacho del teniente coronel, jefe de la Comandancia de Algeciras, por quien fue recibido en atención a su cargo, y a quien dijo que a título particular le solicitaba que le facilitase certificado de determinada información".

El instructor propone la apertura de un expediente disciplinario a ambos jueces. Las faltas atribuidas son muy graves, sancionables con suspensión, traslado forzoso o separación de la carrera judicial, y corresponderá imponerlas al pleno del CGPJ. Tanto a Gutiérrez Luna como a De Diego se les atribuyen sendas faltas muy graves, consistentes en "la provocación reiterada de enfrentamientos graves con las autoridades de la circunscripción en que el juez o magistrado desempeñe el cargo", por un lado, y "el abuso de la condición de juez para obtener un trato favorable e injustificado de autoridades, funcionarios o profesionales".

El instructor pide que se actúe con mucha urgencia y propone, como medida cautelar, suspender las dedicaciones docentes de los dos jueces para evitar la apariencia de que "dependen de alguna manera de las autoridades municipales".