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El PP quiere tratar en centros de reinserción a los 'ultras' violentos

Vicente G. Olaya

Los seguidores más violentos de los clubes de fútbol acabarán en centros de reinserción. Al menos ésa es la intención del PP, que ha presentado una propuesta en este sentido en la Comisión Antiviolencia de la Asamblea de Madrid. El PP considera que estos grupos cuentan con "fuerte componente político, de signo radical, fundamentalmente neonazi", y propone 12 medidas para erradicarlos.

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El documento elaborado por el PP y aprobado ayer "en su filosofía" por los grupos de la oposición (PSOE e IU) señala que "una sociedad basada en principios de igualdad ante la ley y contraria a cualquier tipo de discriminación no es compatible con la existencia de estos grupos ". Por ello, el documento destaca que "la democracia no puede ser tolerante con quien la niega".Los redactores de la ponencia creen que "la proliferación de grupos violentos ha pasado [en los últimos años] de ser un fenómeno social aislado a una realidad enquistada, con una amenaza de incremento de actos vandálicos y delitos".

La ponencia, que ha sido coordinada por el diputado popular Fernando Sánchez-Lázaro, afirma que estos grupos están teñidos "de un fuerte componente político, de signo radical, fundamentalmente neonazi", y su abanico de víctimas es "una clara amenaza para toda la población".

Doce medidas

Por ello, el PP propone 12 medidas para "erradicar los fenómenos de violencia y vandalismo". Entre ellas destaca "sancionar administrativamente a los clubes de fútbol por la presencia de cualquier tipo de simbología racista, xenófoba o anticonstitucional que incite a la violencia en los campos", ya que el PP relaciona directamente la existencia de estos movimientos racistas con los actos deportivos de los grandes clubes.Los ponentes reclaman además a los jueces que tomen "medidas urgentes para limitar la concesión de permisos de salida" de las cárceles a aquellas personas que hayan cometido actos violentos en un campo de fútbol, así como que "los procesos judiciales se realicen por vía rápida, habilitándose a tal fin las salas que los ayuntamientos y juntas de distrito deben disponer para los arrestos de fin de semana".

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Pero antes de llegar a estas medidas judiciales, el documento insiste en que se pueden tomar otras medidas menos drásticas, como la "creación de centros de reinserción específicos para jóvenes violentos, donde los trabajos de cooperación social, solidaria y de apoyo a grupos necesitados sean sus principales objetivos". La ponencia considera que las campañas informativas son el mejor antídoto para evitar el incremento de la violencia neonazi. Por ello, insta a la Consejería de Presidencia a que emprenda campañas de información que, con el lema "Violencia no", "se desarrollen en áreas de actuación de mayor riesgo y lugares de copas y reunión".

Finalmente reclaman que se prohíba la "exhibición o venta de artículos y material de marcado carácter racista, xenófobo o anticonstitucional".

Está previsto que este documento sea aprobado el próximo 12 de abril por los tres grupos parlamentarios, después de que se hayan incorporado las propuestas de resolución de cada partido. Entre ellas, según anunció ayer el portavoz socialista, Javier Ledesma, destaca que estos grupos violentos sean declarados "asociaciones ilícitas".

"Aceptamos la radiografía que el PP ha hecho de este grave fenómeno", indicó Ledesma, "y sobre todo que relacionen a estos grupos con el movimiento neonazi, tal y como pidió el fiscal del Tribunal Superior de Justicia. Si nos ponemos de acuerdo a la hora de encontrar una definición común de estos individuos, será más fácil que encontremos las soluciones".

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Sobre la firma

Vicente G. Olaya
Redactor de EL PAÍS especializado en Arqueología, Patrimonio Cultural e Historia. Ha desarrollado su carrera profesional en Antena 3, RNE, Cadena SER, Onda Madrid y EL PAÍS. Es licenciado en Periodismo por la Universidad CEU-San Pablo.

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