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Tribuna:

Ciudadanía

No se puede construir una ciudad competitiva, abierta, culta, eficiente y solidaria partiendo del alarmante déficit democrático que existe en nuestras ciudades. Un guión no se convierte en obra de teatro si no hay intérpretes. Y desde una visión progresista, no basta que el ciudadano deje de ser súbdito y se convierta en elector cada cuatro años, contribuyente y "objeto" de la acción de gobierno. Incluso su conceptualización como cliente y copropietario de la ciudad, a pesar de añadir notas positivas a las de contribuyente y elector, es claramente insuficiente. El ejercicio de la ciudadanía presupone la participación y ésta la información. Podremos hablar por tanto de déficit democrático cuando haya carencias relevantes en la información al ciudadano y/o cuando los niveles de participación efectiva en las decisiones de gobierno sean anormalmente bajas. Como puede intuirse con facilidad, estamos ante una cuestión de grado y es por tanto establecer criterios objetivos y cuantificables sobre cuándo es "suficiente" el grado de información y/o participación. Pero, aún aceptando estas dificultades, no puede sustraerse del debate esta cuestión crucial. El hecho de las elecciones, de la libertad de los ciudadanos para elegir a sus representantes en el gobierno local (o en otras instituciones locales) debería siempre considerarse un valioso y apreciado punto de partida pero no como la culminación del funcionamiento democrático de una sociedad. Mediante el voto, el ciudadano delega en sus representantes el ejercicio del gobierno de la "res publica" pero ello no excluye en ningún caso su participación. No es ésta, por otra parte, una cuestión de tamaño. En un trabajo reciente, el profesor J. L. Sharpe argumentaba que aunque aparentemente la escala jugaba en contra de la democracia, la diferencia en este campo entre un núcleo de 1.000 habitantes y uno de 100.000 era de hecho marginal y que sólo en núcleos poblacionales muy reducidos podía argumentarse que el ejercicio de la democracia salía fortalecido aunque también ponía en aviso al lector sobre el carácter más oligárquico y conformista de los pequeños núcleos y sobre los mayores medios y posibilidades que tenía la participación en núcleos urbanos de superior tamaño. Por tanto, ni es de aplicación el famoso slogan "small is beautiful" ni el tamaño puede esgrimirse como excusa para cercenar o limitar el ejercicio de la participación democrática. Hemos dicho anteriormente que no existe participación sin información y sin duda deberíamos comenzar por la información si queremos cambiar la arquitectura civil. La revolución de las telecomunicaciones abre nuevas y potentes vías para que la información al ciudadano sea posible, completa y eficaz al tiempo que permite recabar con facilidad su opinión ante temas conflictivos. No estamos lejos, en este sentido, del referéndum electrónico y todo esfuerzo en esta línea es poco. Debería propiciarse (y ello tiene muchas otras ventajas colaterales) que la mayoría de los hogares estuvieran conectados a la red de forma que pudieran consultar y ser consultados. Y de forma paralela a ese esfuerzo de generalización del uso doméstico de las telecomunicaciones con fines informativos es tecnológicamente posible la generalización de puntos de información electrónicos tanto en la vía pública como en lugares públicos. Todo este esfuerzo exige claro está, como pre-requisito, que el gobierno local ponga a disposición del ciudadano una información abundante, útil y sencilla de consultar y que la información sea veraz y no instrumento de propaganda política. En este sentido, el control, de la veracidad de la información debería ser una de las responsabilidades básicas de una figura poco desarrollada: la del defensor del ciudadano. Pasemos de la información a la participación. Tradicionalmente, la participación ciudadana se ha canalizado a través de asociaciones de vecinos y, secundariamente, a través de otro tipo de asociaciones. Sin intención de menoscabar la utilidad de estos modos de participación, parece evidente que este tipo de asociaciones voluntarias padecen necesariamente un déficit democrático desde el momento que representan sólo a aquellos que han decidido voluntariamente asociarse y este colectivo suele ser bastante escaso en relación al conjunto de la población. La solución a este problema quizá resida en promover la reforma legislativa que permita que al mismo tiempo que se realizan las elecciones locales se elijan representantes vecinales por barrios (o cuando no existan, por unidades residenciales que no superen los 10.000 habitantes). Lógicamente, en régimen de listas abiertas. Para que esto sea posible es necesario la existencia de un régimen laboral especial para los elegidos así como algún tipo de compensación económica que evite que el ejercicio de representación suponga perjuicio económico. La existencia de este tipo de representantes vecinales es compatible con la pervivencia de las asociaciones cívicas voluntarias que tendría voz pero no voto en la toma de decisiones. La junta de representantes vecinales "elegidos" constituirían en cada distrito (agrupación de barrios o distrito único según el tamaño de la población) un órgano consultivo del gobierno local en el cual se podrían delegar algunas competencias aunque su función básica siempre sería recabar y transmitir las opiniones y propuestas de los vecinos. El poder de decisión seguiría residiendo en el gobierno democráticamente elegido pero una estructura como la señalada (con las matizaciones y modificaciones necesarias) mejoraría notablemente la participación ciudadana y disminuiría el déficit democrático existente. Éstas son algunas propuestas que concretan el ejercicio de la ciudadanía y que dan por supuesto que no es necesario realizar propuesta alguna sobre el escrupuloso respeto de los derechos humanos sin el cual no cabe hablar de ciudadanía.

Josep Sorribes es profesor de Economía Regional y Urbana de la Universitat de València.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 22 de marzo de 1999