El PSOE aclara que las minas de Pérez Villar recibieron la ayuda fijada por ley

El PSOE no está dispuesto a aceptar el juego del "y tú más". Así lo destacaron ayer varios dirigentes socialistas, que salieron al paso de las informaciones que dan cuenta de que el Gobierno socialista también subvencionó los negocios mineros del exconsejero de la Junta de Castilla y León durante el mandato de José María Aznar condenado por prevaricación Miguel Pérez Villar.Según dichas informaciones, el Gobierno socialista habría subvencionado las minas Antracitas de Brañuelas y Mina Emilio, vinculadas a Pérez Villar, con 1.609 millones de pesetas entre 1994 y 1996. De esta forma, quedarían supuestamente equiparadas las polémicas subvenciones recibidas por Pérez Villar del Ministerio de Industria en la época del PP -45 millones de los fondos mineros para montar un concesionario de coches y un taller en Oviedo- con las ayudas recibidas en la época socialista a través de sus minas.

Pero, según destacó ayer el PSOE, hay matices que diferencian radicalmente unas y otras subvenciones. Efectivamente, la Administración, lo mismo la que dirigió el PSOE que la que ahora dirige el PP, mantiene unas ayudas por producción de carbón nacional para todas las explotaciones mineras. Esas aportaciones se perciben en la cuantía que fijan los cupos de producción que se fijan para el sector. En otras palabras, cada tonelada de carbón nacional extraída, sea quien sea el propietario o presidente de una determinada explotación minera, tiene derecho a una prima por tonelada previamente fijada por ley.

Sector servicios

Otra cosa distinta son las solicitudes que tramita Industria para conceder subvenciones en negocios que intentan "el desarrollo alternativo de las comarcas mineras". Estas ayudas no son automáticas. Las decide y las evalúa Industria y, entre otras cosas, no pueden ser destinadas a proyectos del sector servicios.

De estas subvenciones se ha beneficiado Pérez Villar, a través de su empresa Uría Motor, pese a estar condenado por prevaricación y a pesar de que un negocio de venta de vehículos entra claramente dentro del sector servicios.

Por otra parte, informa Anabel Díez, los grupos de la mayoría parlamentaria, PP, CiU, PNV y Coalición Canaria, plasmaron ayer su decisión política de que el Congreso de los Diputados no investigue las actividades económicas privadas del ministro de Industria y portavoz del Gobierno, Josep Piqué. Por contra, populares y nacionalistas crearon una subcomisión, con la oposición del PSOE e Izquierda Unida, que sólo analizará las concesiones de ayudas del ministerio de Piqué para revitalizar zonas en declive industrial.

"Se ha consumado una farsa parlamentaria porque aquí no podrá venir quien no quiera por mucho que lo solicitemos, por ejemplo, el señor Javier de la Rosa", dijo el portavoz socialista, Juan Pedro Hernández Moltó, sobre la subcomisión que empezará a funcionar después de Semana Santa y que concluirá sus trabajos el 30 de mayo. IU pedirá la comparecencia de Pérez Villar. Los populares también harán esta solicitud al constatar que este empresario, inhabilitado para ejercer cargos públicos, también obtuvo subvenciones en tiempo del Gobierno socialista.

PSOE e IU, pese a criticar la fórmula de la subcomisión, participarán en sus trabajos. Previsiblemente chocarán con la mayoría si pretenden ir más allá del enunciado aprobado: "Análisis del diseño, ejecución y resultados de la política de subvenciones del Ministerio de Industria y Energía".

Así, las críticas de la izquierda sobre la actividad de Piqué como presidente de Ercros y de Loreto Consulting -empresa a la que desde su cargo de presidente de Ercros encargaba servicios- seguirán porque la intención del PP y de sus socios es vetar todo intento de abordar este asunto.