Una juez reactiva la investigación del secuestro de la farmacéutica de Olot

La titular del Juzgado número 1 de Olot (Girona), Pilar Castillo, que instruye la causa por el secuestro de la farmacéutica Maria Àngels Feliu, ha ordenado nuevas diligencias bajo el secreto de sumario. Su decisión, basada en un informe reservado de la Guardia Civil, llega en el momento en que se especulaba con un inminente archivo de la causa. Las nuevas investigaciones podrían arrojar luz sobre un extenso y enrevesado sumario en el que continúan como únicos procesados Joan Casals y Xavier Bassa.

Maria Àngels Feliu permaneció en manos de sus raptores desde el 20 de noviembre de 1992 hasta el 27 de marzo de 1994 en el secuestro de carácter no político más largo de la historia reciente de la delincuencia española.El informe de la Guardia Civil, cuyo contenido no ha trascendido, contrasta con el que hizo llegar el citado cuerpo al mismo juzgado hace unos cuatro meses y en el que se exponía que desde marzo de 1997 no se había producido ninguna novedad destacable. En este documento no se aportaba prueba alguna para consolidar las acusaciones que pesan sobre los dos acusados, Joan Casals y Xavier Bassa, o hacia otros posibles implicados.

La interposición del secreto del sumario evitará que los investigadores del instituto armado y el propio juzgado de Olot deban dar cuenta a la defensa de los dos encausados de sus posibles hallazgos.

Casals y Bassa fueron detenidos el 30 de octubre de 1993 bajo la acusación del secuestro y asesinato de Maria Àngels. Su implicación partió de la declaración de Francisco Evangelista, un confidente policial cuya credibilidad quedó posteriormente en entredicho tanto por la liberación de la farmacéutica como por la mercantilización que, a través de diversos medios de comunicación, realizó de su testimonio.

Poco después de que Maria Àngels apareciera en una gasolinera de Lliçà de Vall, el juez dictó la libertad provisional de Bassa y Casals y se modificó el acta de procesamiento para imputarles únicamente sendos delitos de detención ilegal, castigados con penas que oscilan entre los 10 y los 17 años de prisión.

La farmacéutica no pudo relacionarles con ninguna de las personas que la custodiaron durante su cautiverio. Tampoco las pruebas periciales realizadas a los dos han podido confirmar su participación en los hechos. Han resultado también infructuosos todos los intentos de localizar la supuesta masía en la que los secuestradores retuvieron a la mujer.

En los últimos meses, el estancamiento de la investigación parecía indicar que el caso sería archivado definitivamente cuando el juzgado de Olot recibiera un informe de la firma británica Control Risks, especializada en secuestros.

Esta empresa, contratada por la familia Feliu, ha denegado sistemáticamente cualquier información sobre el secuestro al juzgado de Olot. Al parecer, el documento en el que se detalla su actuación está en manos de un juzgado londinense, que será el encargado de decidir si debe remitirse al de Olot. La respuesta de Control Risks debería certificar que la familia Feliu no pagó ningún rescate por la liberación de la farmacéutica.