Aznar afronta el mayor reto nacionalista a los tres años de su triunfo electoral

A tres años de su victoria electoral, el PP ha conseguido mantener la estabilidad del Gobierno de José María Aznar, unos buenos resultados macroeconómicos que le han permitido entrar en el euro y una firme política antiterrorista. El pasado 16 de septiembre ETA anunciaba una tregua indefinida. No obstante, afronta el reto más serio del nacionalismo al Estado de las autonomías desde la transición. Arrastra graves problemas en Justicia y promesas incumplidas como la de hacer del Parlamento el centro de la vida política, la reestructuración de los servicios de inteligencia o la reforma del Senado.

Aznar ha conseguido mantener la estabilidad de su Gobierno, gracias al apoyo de CiU, pero no ha logrado integrar a los nacionalismos en la política del Estado como invocó en su investidura. Nunca, desde la transición, el reto nacionalista al Estado de las autonomías ha sido tan fuerte como estos últimos meses, con la Declaración de Barcelona, los desafíos de CiU y, especialmente, el Pacto de Estella entre los nacionalistas vascos.El Ejecutivo ha respondido a este reto recordando que no irá más allá de los límites de la Constitución y los estatutos de autonomía, y ha aclarado que ya cumplió sus compromisos que adquirió con los nacionalistas en los pactos de investidura de mayo de 1996. El nuevo reto del nacionalismo al Estado tiene una contrapartida positiva en Euskadi: los casi seis meses de tregua de ETA, a la que ha contribuido la firme política antiterrorista del Gobierno.

En materia política abundan los incumplimientos: la promesa de hacer del Parlamento el centro de la vida política; la de favorecer la creación de comisiones de investigación parlamentarias, puesta en entredicho por su negativa a promoverlas tras las denuncias por la política de subvenciones del Ministerio de Industria; la reforma del Reglamento del Congreso o la ley de financiación de los partidos.

Su política en materia de Justicia (con los nombramientos en la Fiscalía General del Estado y en la Audiencia Nacional) y comunicación ha mostrado uno de los rostros más regresivos del Gobierno. También ha incumplido, por no disponer del apoyo nacionalista, la introducción en el Código Penal del incumplimiento íntegro de las penas para los terroristas y la elección por las asociaciones judiciales del Consejo General del Poder Judicial. Su tentativa intervencionista en medios de comunicación, concretada en la toma de control de Antena 3 por parte de Telefónica, el acoso al Grupo Prisa y el fracaso en la gestión de RTVE (tres presidentes en tres años y un crecimiento desbocado de la deuda), deja en entredicho su proclamado programa liberal.

En materia autonómica, el incumplimiento más serio del Ejecutivo consiste en no haber afrontado la reforma del Senado para convertirlo en Cámara territorial. La comodidad que le da su mayoría absoluta en ese foro le ha animado a rechazar este compromiso. Tampoco ha podido afrontar a fondo el Pacto Local, ante la negativa de las autonomías a ceder competencias a los municipios. Pero donde se ha puesto de manifiesto la demagogia de su programa ha sido en materia de Administración. Ni ha reducido la cifra de altos cargos de la Administración ni ha suprimido drásticamente organismos públicos ni ha realizado una reforma a fondo de la Administración periférica del Estado. Y respecto a Defensa, no ha abordado la reestructuración del Cesid ni la ley de secretos oficiales.

La gestión económica del Gobierno se ha caracterizado por un contexto internacional muy favorable que ha facilitado la entrada en el euro. Llegó en 1996 con la promesa de crear empleo, controlar los desequilibrios básicos de la economía (déficit público, inflación), abrir mercados hasta entonces cautivos, aligerar el sector público y reducir impuestos.

Los resultados, en algunos casos han sido espectaculares, en otros, escasos y en algunos, muy controvertidos. El Ejecutivo ha logrado en tres años mantener un elevado ritmo de crecimiento económico y controlar al mismo tiempo los precios. Si en 1996, el crecimiento del PIB fue del 2,4%, en 1998, del 3,8%. Estos elevados porcentajes han sido compatibles con el control de precios: en tres años se ha pasado del aumento del IPC anual de en torno al 5% al 1,5% de 1998. La reducción del déficit público también ha sido notable, tanto como la de tipos de interés, que han pasado del 8% al 3%. Menos fortuna ha tenido el proceso de liberalización: el sector eléctrico empezó a bajar tarifas pero los resultados son pobres.

La reforma de impuestos, que el PP emprendió nada más llegar al poder con la rebaja en las retenciones del capital, la ha continuado con la modificación del IRPF, que ha supuesto para la mayoría de los ciudadanos una disminución en las retenciones, si bien ha sido muy criticada por el PSOE al considerar que beneficia más a los más ricos. Y aunque el programa del PP no incluía ninguna promesa cuantificadora en empleo se pasó de más del 22% de la población activa en paro a un 18,17%.