Imputados por un delito urbanístico el alcalde y ocho ediles de Brunete

El alcalde de Brunete, Julio Fernández, independiente; su antecesor en el cargo, Aquilino González, del PP, y otros siete ediles más, todos ellos ahora en grupos de la oposición, han sido imputados por un juzgado de Móstoles por haber cometido presuntamente un delito de ordenación del territorio. El fiscal les acusa de haber concedido cientos de licencias de construcción en el pueblo con un Plan General, el de 1986, nunca aprobado por la Comunidad.Por tanto, según la acusación, una buena parte de la ampliación de Brunete se ha levantado sobre suelo rústico o zonas verdes, lo que constituye un delito urbanístico. Julio Fernández se justificó ayer: "Yo no sabía que estábamos cometiendo un delito. Como el anterior alcalde

[Aquilino González] concedía las licencias conforme al plan del 86, pues yo hacía lo mismo. Creí que era legal aplicar un plan de hecho, aunque no estuviera aprobado". Fernández, que gobierna desde hace dos años en solitario este municipio de 5.000 habitantes y ha sido inhabilitado por una sentencia que ha recurrido ante el Supremo, explicó ayer que entre los imputados se encuentran concejales independientes, del PSOE y de IU que gobernaron con él. "Como las licencias se concedían en comisión de Gobierno, y eran ratificadas por mi equipo, el juzgado nos ha imputado a todos, aunque ya no estén conmigo".

El regidor no pudo precisar cuántas licencias ilegales se habían concedido. "No puedo decirlo a ciencia cierta, pero 1.200 no nos las quita nadie", calculó.