Los afectados por las obras del tren en Benicàssim impiden que las excavadoras entren en sus fincas

Los afectados por el trazado del corredor del Mediterráneo en Benicàssim volvieron ayer a impedir el acceso de las máquinas a sus fincas. Una treintena de vecinos se situaron frente a las excavadoras, dirigidas por responsables de la empresa a la que se adjudicó la obra, Benicàssim UTE. Las obras del nuevo trazado ferroviario Les Palmes-Oropesa están paralizadas desde hace más de cuatro años por irregularidades en la expropiación. Además, los vecinos reivindican la redacción de un informe de impacto ambiental, aunque todavía se debate a qué administración compete.

En cada una de las fincas, el ingeniero de Benicàssim UTE mostraba al propietario una orden firmada por el director de la obra, Alejandro García Escribano, para recibir la negativa al acceso por las irregularidades del procedimiento. Entonces, la máquina hacía el intento de entrar y se encontraba con el obstáculo humano que conformaban los vecinos. Así, una detrás de otra, hasta un total de 103, que es el número de fincas que falta por ocupar. El grupo principal estuvo liderado por la concejal de Independientes para el Progreso de Benicàssim (IPB), Rosa Serret. De las 183 fincas afectadas por el corredor del Mediterráneo en el término de Benicàssim, un total de 103 no han sido todavía ocupadas. Así, de los 83 propietarios, son 49 los que se oponen al proyecto, presupuestado en unos 7.000 millones de pesetas en los que se incluyen los 2.000 para las obras en Benicàssim, mientras que el resto corresponden a Oropesa. Los intentos comenzaron el 9 de marzo de 1995 con las actas previas del proceso de expropiación. Éstas fueron paralizadas y, posteriormente, suspendidas. En junio del mismo año se convocó a los afectados para levantar las actas de ocupación, cita a la que no acudieron puesto que las previas no estaban resueltas. Los propietarios afectados decidieron presentar un recurso contra el procedimiento. En mayo del siguiente año, la empresa realizó el primer intento de entrar a las fincas y fracasó por la falta de resolución judicial. En febrero de 1997 se inició un nuevo proceso expropiatoria y se presentó un segundo recurso. La última vez, hasta ayer, que se trató de reiniciar las obras fue en octubre de 1997, fecha en la que el Ministerio de Fomento solicitó la presencia de la Guardia Civil, cuyos agentes no llegaron a intervenir ante la negativa de los propietarios. Ayer, los afectados contaban, además, con dos sentencias del tribunal Superior de Justicia (TSJ) en las que se califica la actitud de la administración de "temeraria" en la que se señala que ésta es "conocedora de los defectos procedimentales alegados". Una de las reivindicaciones de los vecinos se basa en la inexistencia del preceptivo informe de impacto ambiental. Mientras la Administración central y la autonómica debaten la competencia sobre la redacción del mismo, Rosa Serret, a través de su partido, IPB, ha interpuesto una denuncia ante la Agencia Valenciana de Medio Ambiente. La última palabra sobre el caso del Ministerio de Fomento se refería a que era la Consejería de Medio Ambiente la que había de redactar el informe. También alega Fomento que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Benicàssim ya incluía este tipo de declaración. Sin embargo, el propio PGOU indica, expresamente, que esta obra requiere un informe específico. Sin embargo, en el caso de Oropesa no existe informe alguno, ya que el PGOU es anterior al planeamiento de la obra. Así, mientras las administraciones debaten sus competencias, Serret ha denunciado a Fomento por ejectuar las obras en el término municipal de Oropesa sin tener informe de impacto ambiental alguno. La presidenta de la asociación que dio lugar a la creación de la formación política IPB, Rosa Bellido, reiteró ayer que el colectivo no se opone al desvío de la vía, sino que exige que éste no suponga una barrera para el municipio. La asociación reclama además que el apeadero planeado en el proyecto se convierta en una estación, reivindicación que, según el alcalde de Benicàssim, Alejandro García, ya se ha logrado. "Mientras nos queden planteamientos legales, seguiremos con la lucha", sentenció Bellido. "A nosotros no nos mueven los intereses ni políticos ni económicos, sino el propio interés del pueblo", añadió. El PP ha hecho de este proyecto un estandarte. Así, tanto el presidente provincial, Carlos Fabra, como el diputado nacional, Juan José Ortiz, mantienen que, de no iniciarse antes del mes de junio, sería considerado como un fracaso. De esta manera, el subdelegado del gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral, quien ha intervenido en la polémica como representante del Ministerio de Fomento, ha citado hoy a Rosa Serret y a otro de los propietarios afectados. Fuentes de la subdelegación indicaron ayer que, a partir de ahora, se actuará con "la prudencia necesaria y la proporcionalidad adecuada".