La Audiencia de Lleida deniega un divorcio póstumo instado por un sacerdote

La Audiencia de Lleida ha desestimado una petición de divorcio póstumo realizada por un sacerdote en nombre de un amigo que falleció el año pasado sin ver cumplida su última voluntad: separarse de su esposa y que ésta no fuera declarada heredera de sus bienes, una casa en Solsona valorada en unos 25 millones de pesetas. El tribunal, que confirma una anterior sentencia del Juzgado de Solsona, considera que no se puede dictar la disolución del matrimonio porque ésta ya se produjo de forma natural al fallecer uno de los cónyuges. El magistrado le recuerda al apelante, Manel Moncunill, rector de las parroquias de Oliola y Cabanabona, que, de acuerdo con el Código Civil catalán, la acción de divorcio se extingue por la muerte de cualquiera de los cónyuges. Por lo tanto, argumenta el tribunal, no existe ninguna posibilidad de que continúen el procedimiento quienes no tengan este carácter. La sentencia señala que el hecho de que se admitiera la persecución del divorcio una vez fallecido uno de los consortes comportaría el contrasentido de que el matrimonio tendría dos fechas de extinción: la del fallecimiento del cónyuge y la de la sentencia del divorcio. La historia de esta curiosa petición se remonta a abril de 1952, cuando Jordi Jalmar se casó con María Gil y fijó su residencia en Barcelona, donde la mujer conoció a un sastre de togas y sotanas y ello hizo que las relaciones de pareja se fueran deteriorando. En 1968, el matrimonio y el sastre realizaron una excursión a La Rioja y fue entonces cuando la mujer ingresó a su marido en un psiquiátrico para pobres de Logroño alegando una supuesta incapacidad mental y valiéndose para ello de un informe médico falso. Antes del ingreso en el centro, la mujer consiguió que el hombre le donara todos sus bienes una vez fallecido. Años en un psiquiátrico A finales de los ochenta, ante la falta de noticias de su amigo, el sacerdote Manel Moncunill descubrió tras largas investigaciones que Jordi estaba internado en un psiquiátrico, sin que le constara ningún problema mental. En 1992 consiguió que se revocara la declaración de incapacidad después de 22 años. En todo ese tiempo, la mujer sólo le visitó en dos ocasiones. Jordi regresó a Solsona e inició los trámites de divorcio, pero la muerte le sorprendió en julio pasado sin haber conseguido su objetivo. El párroco, que con anterioridad había sido designado heredero de confianza junto con otros dos amigos, recogió el testigo del fallecido y, amparándose en el Derecho Civil catalán, continuó el pleito de divorcio para cumplir su voluntad e impedir que la viuda heredara una casa de varias plantas en Solsona. Ahora el sacerdote ha anunciado que piensa agotar todas las posibilidades de recurso por la vía judicial.