El Banco de España desconfía del modelo de una sola caja por comunidad

El Banco de España no ve claro que el proceso de reordenación del sector de cajas de ahorro deba culminar con una sola entidad por comunidad autónoma. Este esquema, que ha vuelto a tomar cuerpo tras el anuncio de la Junta de Andalucía de que va a impulsar la fusión de las seis cajas de la región, presenta, en opinión del Banco de España, el riesgo de que los criterios políticos entorpezcan los puramente profesionales a la hora de gestionar estas entidades.

Las cajas representan algo más del 50% del sistema financiero español. El proyecto de una caja de ahorros única en Andalucía que impulsa el presidente de la Junta de esa comunidad, el socialista Manuel Chaves, ha devuelto al primer plano el debate sobre cómo ha de producirse la inevitable reordenación del sector.Uno de los aspectos centrales de la discusión es precisamente la conveniencia de que se llegue a un modelo de una caja por comunidad y, en ese supuesto, el papel que debe desempeñar el poder político en esas entidades.

Los profesionales ven en este esquema el peligro de que la política predomine en la gestión de las cajas, lo cual, al menos en su opinión, puede llegar a provocar problemas en la competitividad.

Un temor que comparte el Banco de España, según fuentes del organismo. Esta postura no es nueva. Ha sido expresada en público en varias ocasiones, por ejemplo, el pasado 22 de abril en unas jornadas en las que se analizaba el futuro del sector, organizadas por el Instituto de Fomento Empresarial y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).

El subgobernador del Banco de España, Miguel Martín, advirtió: "Las cajas necesitan órganos de gobierno autónomos, independientes y dueños de sus decisiones". Y recalcó la necesidad de gestores profesionales, lo cual debe estar en plena concordancia con la presencia de representantes políticos (comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos) que sanciona la ley.

El temor de los profesionales y del Banco de España es que el poder político induzca a que las cajas adopten decisiones en las que la rentabilidad no sea el objetivo prioritario. Una reticencia que se multiplica en el caso de una sola caja por comunidad autónoma.

Hace escasos días, el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, hacía una reflexión al respecto. Las peticiones de carácter político -lógicas, dado el carácter y el origen de las cajas- deben hacerse "después de impuestos", una vez resuelto el ejercicio con criterios estrictamente económicos.

Los partidos de la unificación insisten en que la ecuación política igual a mala gestión o despilfarro es injusta. Fuentes del PP y del PSOE recalcan que los principales interesados en que las cajas funcionen son los gobiernos de las comunidades autónomas.

Negociación PP-PSOE

Este aspecto estaba recogido en los documentos que se intercambiaron ambas formaciones a principios del año, en lo que representó el primer amago de negociación sobre cómo abordar la reforma del sector. Esas negociaciones, en punto muerto al menos hasta que se celebren las elecciones locales y autonómicas del próximo junio, se concibieron como un intento de armonizar lo más posible las diversas legislaciones que sobre cajas empezaban a proliferar en diversas comunidades. La valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León o Cataluña aprobaron normas polémicas, porque tenían un marcado carácter intervencionista.

En los documentos cruzados entre socialistas y populares se recoge casi calcada la idea de que es necesaria la concentración de entidades. El PP llega a defender que el modelo ideal es de una o dos entidades por comunidad.

El PSOE sostiene que "el cumplimiento de objetivos de eficiencia, rentabilidad y solvencia se ha revelado compatible con otras finalidades [...] de naturaleza territorial y social", para lo que no ha sido óbice la actual configuración jurídico-institucional de las cajas.