Los populares, a contracorriente

C uando parecía remitir el golpe de efecto propinado por el Gobierno de Manuel Chaves tras aprobar el decreto de mejora de las pensiones asistenciales y no contributivas en Andalucía, el PP acaba de imprimirle nuevos bríos, evidentemente parece que sin pretenderlo, y en un claro ejercicio de torpeza política, lo que obliga de nuevo a los populares a nadar a contracorriente. El anuncio de llevar el asunto ante el Tribunal Constitucional, cuestión con la que se ha estrenado Manuel Pimentel como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en esta comunidad, deja bien sentado hasta qué punto esta medida de la Junta de Andalucía ha alterado los planes de José María Aznar. El presidente del Gobierno central encomendó en su día al entonces ministro Javier Arenas una tarea principal: conseguir suprimir el miedo de los mayores a que la derecha les quitara sus pensiones, tal y como denunciaban los socialistas. Transcurrido el tiempo, el mismo Arenas se ha encargado de recalcar que ese objetivo se ha alcanzado bajo su mandato. Sin embargo, tanto ruido como el que ahora vuelven a originar, tratando de matar a cañonazos a unos simples mosquitos como pueden ser las actuaciones para completar las pensiones más modestas, hace tambalear la labor realizada y vuelve a dar argumentos de peso al PSOE para cuestionar las garantías que los populares pueden ofrecer a nuestros mayores. Con esta perspectiva, la Administración central se va a encontrar esta semana con el rechazo del Consejo de Gobierno del martes al requerimiento que se le ha hecho para que dé marcha atrás y retire su decreto. De modo que en el Tribunal Constitucional se verán las caras unos y otros. La verdad es que esta amenaza, la de acudir a los tribunales, dista mucho de aquella inocente expresión de Juan Ojeda, secretario general del PP andaluz, quien, al conocerse los detalles del decreto de la Junta, exclamó: "Están en su derecho". Se vieron en aquellos instantes desbordados y tuvo que venir de Madrid un posicionamiento del PP más sólido para convertir finalmente la contienda en un pleito judicial. Con todo, los populares, más que fijar una clara estrategia de oposición a la Junta, bastante tienen con cubrir las vacantes que deja la elección de Javier Arenas como secretario general del PP. Este sábado se espera que la Junta Directiva Regional determine quién va a sustituirle como presidente del PP andaluz, aunque sea de forma transitoria. A estas alturas, ya está bien de cábalas y misterios. Basta con esperar unos días para, al menos, conocer quién se hace con la dirección del partido; quién, en definitiva, es tocado por el "dedazo" para asumir, en principio, la máxima responsabilidad del PP en Andalucía. Pero entre recurso y recurso queda margen para el entendimiento en otros temas, como puede ser la futura ley de Cajas de Ahorro. Acaba el plazo para la presentación de enmiendas al texto. El PSOE busca el acuerdo del PP en torno a esta "ley de Estado", como le gusta llamarla a Manuel Chaves. Un proceso de entendimiento para mayor inquietud de sus socios de gobierno, los andalucistas. Sí, los mismos que, en cambio, no tienen remilgos a la hora de explorar vías de negociación, por su cuenta y riesgo, con el Gobierno central. Por contra, son poco dados al flirteo PSOE-PP en relación a las cajas. ¿Por qué será? En todo caso, la elaboración de esta norma se ve animada por el aviso a los navegantes lanzado por el mismo Chaves en sede parlamentaria. Quiere una sola caja en Andalucía. Ya no caben medias tintas y ni siquiera procesos intermedios. ¿Qué creía más de uno, que el debate de la ley de Cajas se iba a reducir a la permanencia o no de sus presidentes? El camino iniciado va más allá de un simple problema de buenos y bien retribuidos sillones. Así que atentos a la jugada. ANTONIO YÉLAMO