Caro remedio

EL ALCALDE de Madrid, José María Álvarez del Manzano, ha decidido, en un arranque insólito de nervio, verificar todas y cada una de las multas de tráfico recurridas en Madrid desde 1995, para comprobar en cuántas de ellas se ha producido una falsificación de firmas de los agentes encargados de confirmarlas y cuántas son todavía exigibles legalmente. El procedimiento es lento y fatigoso, porque supone gestionar unas 500.000 multas. La Hacienda municipal remitirá fotocopias de las recurridas, una por una, a la Policía Municipal para que compruebe en cuáles la firma del denunciante coincide con la del que confirmó la denuncia. Cuando no coincidan, Hacienda devolverá el dinero de aquellas que el ciudadano ya haya pagado -porque se habrán cobrado ilegalmente- o considerará directamente prescritas las que todavía estén sin pagar. Este arduo trabajo de comprobación implica introducir necesariamente un caos organizativo en la administración municipal al menos durante meses y un coste extraordinario de dinero para pagar a los contratados eventuales que deberán ayudar a ejecutar la tarea; no sería admisible que por certificar multas atrasadas se paralizara el sistema de cobros actuales. En resumen, un desbarajuste por tiempo indefinido que, sumado a los ingresos que la ciudad dejará de percibir por multas incobrables -varios cientos de millones, como mínimo-, es el coste que los madrileños tienen que pagar porque quienes gobiernan el municipio han permitido que sus funcionarios incumplan las normas jurídicas que exigen al resto de los ciudadanos.

El paleolítico sistema elegido para examinar las multas es probablemente el único que podía adoptarse para aclarar su situación legal y administrativa. Con tan kafkiano sistema los ciudadanos tendrán que esperar durante meses para conocer cuánto les han costado las falsificaciones de las firmas convertidas alegremente en rutina por la Policía Municipal. Quizá deban esperar menos para conocer los resultados de la investigación del fiscal jefe de Madrid para determinar si la suplantación fue un delito o una simple práctica administrativa chapucera. Sin perjuicio de las decisiones administrativas que se tomen con los agentes autores de las falsificaciones, resulta llamativo que el equipo municipal no haya sentido la obligación de pagar las responsabilidades políticas que se derivan de la conducta fraudulenta de sus funcionarios. Las directas deben atribuirse al concejal de Circulación y Seguridad, y no debería esperar al dictamen del fiscal para presentar su dimisión.