El PSPV vincula las cesiones de crédito del "caso Cartagena" a contratas municipales de Orihuela

La oposición en Orihuela al gobierno local, del PP, aprovechará la comisión constituida para investigar la gestión popular desde 1986 para buscar el origen del dinero con el que, supuestamente, el ex alcalde y ex consejero Luis Fernando Cartagena contrató, en 1988, unas cesiones de crédito con el Banco de Santander. El portavoz socialista, José Francisco Lorente, ha pedido a la comisión que lleve a su próxima reunión el expediente de contratación del servicio municipal de agua potable, adjudicado por la alcaldía que presidía Cartagena a la empresa Aquagest, y la contrata de limpieza y basuras en el casco urbano, que acabó en manos de la mercantil Colsur. Según declaró ayer Lorente, la fecha de estas adjudicaciones, en 1988, "también coincide" con la formalización de las cesiones de crédito que investiga la Audiencia Nacional. Lorente asegura que la fecha de la suscripción de las pólizas concuerda, asimismo, con una recalificación de suelo que el Ayuntamiento aprobó en julio de 1988, proyecto luego anulado por el Consell. Una de las promotoras perjudicadas en la frustrada reclasificación del suelo, Mil Palmeras, SA, reclama 21.600 millones de indemnización al Consistorio. La próxima sesión de la comisión abordará también la adjudicación municipal del contrato de limpieza y recogida de basuras en la zona costera de Orihuela a Colsur, propiedad de Ángel Fenoll, empresario condenado por comprar votos por correo para el PP, en 1991, en un barrio humilde de Orihuela. Según Lorente, la adjudicación a Colsur se formalizó para un año, pero "han pasado cuatro o cinco y esta empresa todavía sigue prestando sus servicios". Y ello, a pesar de que el Ayuntamiento aprobó, "hace un par de años", una moción del PSPV para convocar un nuevo concurso público. Nuevas citaciones Sobre la adjudicación, también a Colsur, del contrato por 20 años para el servicio la limpieza y recogida de basuras, Lorente recordó que la Sindicatura de Cuentas "detectó" que, merced a las condiciones del contrato, la empresa adjudicataria iba a obtener 500 millones más de beneficios de los que legalmente podía conseguir. A la próxima reunión de la comisión, dentro de ocho días, se ha vuelto a citar a Luis Fernando Cartagena, quien no compareció el lunes. También se ha llamado al concejal popular Mariano Ferrández, quien supuestamente entregó al ex alcalde los más de ocho millones de pesetas que le dieron las monjas del hospital municipal San Juan de Dios cuando cesó su actividad, un dinero que no consta en los apuntes contables del Ayuntamiento. Cartagena prestó declaración por esta causa el pasado vienes ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Orihuela. Fuentes próximas a la investigación aseguran que Cartagena declaró que el dinero se destinó a la construcción de viviendas sociales. Esta versión la ofreció también al juez el edil Mariano Ferrández. Por segunda vez la comisión ha citado a declarar al abogado Rafael Martínez Campillo, ex diputado nacional por el CDS, como testigo de un presunto caso de extorsión cometido, supuestamente, por el secretario del Ayuntamiento. El PSPV solicitó que se investigara si el alto funcionario municipal solicitó 200 millones a un promotor a cambio de tramitar un plan parcial.