El Ayuntamiento de Orihuela no sabe dónde está el dinero entregado por unas monjas al PP

El ex alcalde y ex consejero de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena declaró el pasado viernes en el Juzgado de Instrucción número 4 de Orihuela en relación con supuestas irregularidades en la gestión municipal. El juzgado investiga una denuncia promovida por uno de los cinco ediles expulsados del PP, que afirmó que unas monjas entregaron al partido, cuando Cartagena era alcalde, un dinero que no se ingresó en el Ayuntamiento. Según la oposición, ayer quedó claro en la comisión creada para investigar éste y otros asuntos que el dinero acabó en manos de Cartagena.

La segunda reunión de la comisión constituida para investigar la gestión municipal desde 1986, cuando accedió al poder el PP de la mano de Luis Fernando Cartagena, sirvió para aclarar que los más de ocho millones de pesetas que las monjas del antiguo Hospital San Juan de Dios entregaron a los gobernantes en 1993, cuando cesó la actividad del centro sanitario, nunca llegaron a fiscalizarse en el Ayuntamiento. Lo que está claro es que las religiosas entregaron 8.750.000 pesetas a Mariano Ferrández, en 1993 concejal responsable del área de Servicios Sociales y hoy del departamento de Educación. Según declararon los portavoces de la oposición municipal, en la reunión de ayer quedó también acreditado que Ferrández entregó personalmente el dinero al ex alcalde Luis Fernando Cartagena. ¿Qué pasó con esos millones? El Ayuntamiento nunca llegó a registrar el ingreso. Los miembros de la comisión de investigación iban a interpelar a Cartagena al respecto, pero éste no compareció en la sesión municipal, a la que estaba formalmente citado. Tampoco estaba legalmente obligado a ello. Por contra, sí lo hizo el viernes pasado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Orihuela, Marcos de Alba, que instruye la causa a instancia de la Fiscalía Anticorrupción. El portavoz del PP en la comisión, Jesús Roca, declaró que su grupo no valora este caso: "No debemos inmiscuirnos en los asuntos que investiga la justicia". Para el representante del PSPV, José Francisco Lorente, una cosa es la investigación judicial y otra la valoración política del caso. "Si éste era un asunto feo, lo es más desde el momento en el que el interventor municipal ha certificado que el Ayuntamiento no ingresó el dinero", dijo. El concejal expulsado del PP, Miguel Ángel Robles, hoy en el grupo mixto, fue el promotor de la denuncia pública del llamado caso de las monjas. El grupo socialista puso la denuncia en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, que a su vez la derivó a la Audiencia de Alicante, desde donde el expediente se trasladó a los juzgados de Orihuela. La oposición no se ha personado en la causa, y el contenido de la declaración de Cartagena se desconoce. El portavoz del Grupo Mixto creado por los ediles expulsado del PP, Jesús Ferrández, sentenció que "lo que ya nunca podrán decir Cartagena ni el alcalde actual es que el dinero de las monjas se ingresó en la caja municipal y que el Ayuntamiento lo utilizó en algo prudente". "La malversación de fondos ya está", añadió. Para el edil, Cartagena "cogió y utilizó como quiso un dinero que las monjas entregaron al Ayuntamiento". Si del asunto de las monjas sí se extrajeron conclusiones, no ocurrió lo mismo en el segundo caso de presunta corrupción que abordó la comisión ayer: la petición de 200 millones de pesetas que supuestamente realizó el secretario del Ayuntamiento al promotor Francisco Marcos a cambio de una ejecución urbanística. El portavoz socialista aseguró que el presidente de la comisión, el alcalde, José Manuel Medina, no ha pedido a los testigos que declaren, a pesar de una solicitud expresa en ese sentido. Lorente insistió que el promotor le contó "que el secretario le había pedido el dinero", aunque el empresario trasladó a la comisión un escrito en el que niega los hechos. Jesús Ferrández, del Grupo Mixto, asegura que Marcos también le denunció la presunta extorsión. El edil de EU, José Martínez Carmona, declaró que, de ser cierta la conversación, Lorente debía haber denunciado antes el caso. A su entender, esta segunda reunión confirma "que de nada sirve que se investigue la gestión urbanística si el presidente de la comisión es el alcalde, una de las personas a investigar". Para el PP, la oposición y los ediles expulsados sólo persiguen confundir a la opinión pública.