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Alarma en el Poder Judicial por la asamblea reivindicativa de 51 magistrados del Supremo

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mostró ayer expresamente su preocupación por los acuerdos que puedan haberse alcanzado en la asamblea de magistrados del Tribunal Supremo, celebrada en la tarde del martes, a la que asistieron 51 de los 92 magistrados junto con 16 delegaciones de voto. Pese a los intentos del portavoz del Consejo por desdramatizar el hecho mismo de la asamblea, fuentes del organismo temen que el Supremo pueda institucionalizar una estructura con vocación de sustituir al CGPJ para relacionarse con los demás poderes.

En rueda de prensa posterior al pleno, el portavoz del Consejo se limitó a exponer "la preocupación" del organismo por las resoluciones que se hayan podido adoptar, especialmente si alguna de éstas trata de "institucionalizar" una especie de órgano o asamblea con facultades de gobierno al margen de lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.Los magistrados del Supremo acordaron enviar un comunicado al presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Javier Delgado, para darle cuenta de los asuntos tratados, y que ayer estaban pasando a la firma. Hasta entonces, el Consejo desconoce oficialmente lo tratado en la reunión.

Según fuentes jurídicas, se aprobaron unas normas de funcionamiento interno para reuniones plenarias como la mantenida el martes, en la que se tratan cuestiones al margen de las estrictamente jurisdiccionales.

De la aprobación de estas normas de funcionamiento interno y del enunciado de la convocatoria -éste sí, conocido por el CGPJ- es de donde nace la preocupación del Consejo por el hecho de que el Tribunal Supremo trate de funcionar al margen de la ley orgánica del Poder Judicial, "quizá como un lobby o un Consejo paralelo", según fuentes del organismo.

A la mitad de la reunión plenaria, el presidente del CGPJ, Javier Delgado -que también lo es del Supremo- fue llamado al alto tribunal. A su regreso se le notó alterado y trató de rebajar el tono que tendría la intervención del portavoz ante los medios informativos, pero la mayoría mantuvo la postura de que se manifestase la "preocupación" del organismo.

El portavoz del Consejo, Benigno Varela, manifestó a los medios informativos que los vocales están interesados en saber cuáles van a ser "las facultades y competencias" que se desprendan de la regulación de las reuniones, acordada por los magistrados. Según Varela, el hecho de que magistrados del Supremo se reúnan para tratar asuntos de su interés, "en principio no tiene mayor trascendencia", pero que lo que puede tenerla es el contenido de los acuerdos que se adopten. El portavoz indicó que el pleno ha pedido a Javier Delgado que cuando reciba los acuerdos de la reunión dé inmediata cuenta al pleno.

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El portavoz también hizo hincapié en las "noticias no coincidentes" de los medios de comunicación sobre el contenido de la asamblea de los magistrados del Supremo. En realidad, la única divergencia se refiere a si en la reunión los asistentes debatieron o no sobre la subida salarial del 1,8%, frente al 3,2% que van a tener los miembros del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas. Por parte del Supremo, uno de los convocantes de la reunión, José Manuel Sieira, de la Sala Tercera, manifestó que los magistrados se reunieron para tratar "asuntos internos".

Según las fuentes consultadas por este periódico, la reivindicación de la cuestión económica se debatió brevemente, desde la perspectiva del artículo 404 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial y "con la conciencia de ser un tema vidrioso". El citado artículo, reformado en 1997, señala que las remuneraciones de los magistrados del Tribunal Supremo se establecerán "en cuantía similar a las de los titulares de otros altos órganos constitucionales".

Dichas fuentes precisaron que en realidad no se pidió la equiparación con el 3,2% de subida del Constitucional, sino que lo que se planteó fue que se mantuviese la equiparación legal. Es decir, se comentó que si el aumento era menor, e incluso si no se subía nada, estaría justificado, siempre que fuera "igual para todos".

Según las citadas fuentes, el debate sobre este asunto transcurrió sin ninguna cota reivindicativa, pero recalcando que el porcentaje fuera "para todos igual incluso aunque no se subiese a nadie". Sobre esta cuestión ni se llegó a votar, y no figurará entre los acuerdos alcanzados en la reunión.

Inoperancia

Fuentes de los magistrados asistentes a la asamblea consideran inoperante y poco receptiva la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, por lo que intentan crear una estructura más dinámica, al estilo de las Juntas de Jueces.Las fuentes precisaron que, en todo caso, los acuerdos de esas juntas de magistrados se someterían a la Sala de Gobierno y al Consejo, porque "no se trata de suplantar ni competir con la Sala de Gobierno, ni con el Consejo ni con nadie".

Estas fuentes confirmaron que la asamblea aprobó unas normas de funcionamiento según están consignadas en el texto de la convocatoria. En síntesis, funcionarán en "comisiones de trabajo" según los distintos temas; se establece un quórum del cincuenta por ciento de los magistrados para aprobar los asuntos sometidos a debate y la asamblea -denominada Plenario- podrá ser convocada por un mínimo de 10 magistrados, que es el número de efectivos de la Sala de lo Civil, la que menos magistrados tiene.

Los informantes reiteraron que los acuerdos serían sometidos a la Sala de Gobierno o al Consejo, pero insistieron en que la primera "no es operativa" -"no nos hace ni puñetero caso", dijeron- además de que sus acuerdos están sometidos a revisión por el Consejo Judicial.

La Sala de Gobierno del Supremo está compuesta por el presidente del alto tribunal, los presidentes de sus cinco salas y otros tantos magistrados elegidos por sufragio durante cinco años, entre los que predominan los del sector conservador. "Tampoco pasaría nada porque el presidente del Supremo presidiera reuniones como la de ayer, a la que asisten más de cincuenta magistrados del Supremo", añadieron los magistrados consultados. También significaron que existe un cierto empeño en "desprestigiar" este tipo de reuniones y que tanto a la Sala de Gobierno como al Consejo "no les gusta que surjan otras voces".

Magistratura en ejercicio

La mayor parte de la asamblea se dedicó a debatir la cuestión de la "magistratura en ejercicio" y la asamblea ratificó el Estatuto del Magistrado en el sentido de que se dé cumplimiento al plazo de un año para que regresen al Tribunal Supremo los magistrados de éste que están en otros órganos jurisdiccionales.El caso más notorio es de Siro García, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que asistió a la asamblea. El juez, que preside el juicio a Mario Conde del caso Banesto, planteó que su relevo puede atentar al principio de inamovilidad judicial. Se le contestó que no era así, puesto que puede quedarse de presidente de Sala en la Audiencia. Siro García replicó que no era lo mismo, pues quedarse implicaba perder su categoría de magistrado del Supremo.

Uno de los magistrados planteó que no podía darse el mismo tratamiento al magistrado del Supremo que ejercía en otro tribunal que al que lo hacía en otros organismos. Se votó así una propuesta de ampliar el plazo de reingreso en el Supremo de uno a cinco años. La propuesta, única sometida a votación, fue rechazada por todos los asistentes con la excepción de siete magistrados.

La asamblea se mostró "rotundamente" en contra de dicha posibilidad y de que el Congreso de los Diputados tramite una proposición de ley para no aplicar transitoriamente el Estatuto del Magistrado del Tribunal Supremo a esos determinados casos particulares.

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