La defensa de un dirigente de HB intenta que el alto tribunal vasco no le juzgue por ofensas a la Ertzaintza
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Manuel María Zorilla, suspendió ayer el juicio celebrado contra el parlamentario de Euskal Herritarrok y miembro de la Mesa Nacional de HB Santi Hernando, acusado de ofensa leve a un agente de la Ertzaintza, caso en el que también está procesado Aitor de la Torre, presunto autor de un delito de resistencia grave. El fiscal solicita 20 días de arresto para el primero y cuatro meses para el segundo. Los hechos juzgados se produjeron el 21 de febrero de 1996 en Llodio, durante la campaña de las elecciones generales. Según el fiscal, HB celebró una concentración, cuyos participantes se dirigieron posteriormente a un colegio donde el PNV celebraba un acto electoral. Una dotación de la Ertzaintza que protegía el lugar informó a los miembros de HB de que no podían entrar en el lugar, momento en que comenzó el enfrentamiento verbal. El ministerio público asegura que Aitor de la Torre propinó puñetazos y patadas al escudo protector de un agente. La abogada defensora de Santi Hernando, Jone Goirizelaia, presentó al inicio del juicio dos alegaciones. Una de ellas cuestionaba la competencia del tribunal para juzgar al miembro de la Mesa Nacional de HB. Goirizelaia afirmó que, tanto cuando se calificaron los hechos, el pasado 3 de agosto, como cuando se comunicó la fecha del juicio, 15 de septiembre, Hernando no era parlamentario vasco y por lo tanto, el Superior no es el tribunal competente para juzgarlo. La letrada recordó que la labor de los miembros de la anterior Cámara de Vitoria finalizó el pasado 31 de julio y en agosto sólo funcionó la Diputación Permanente, de la que no formaba parte el acusado, quien, por lo tanto, había dejado de ser aforado. Por ello pidió que se remitiera el sumario al juzgado de Llodio. Zorrilla decidió suspender la vista para poder comprobar estos datos, de los que no tenía constancia documental. La otra alegación de Goirizelaia, apoyada por el abogado del otro acusado, se refería a la utilización de un traductor de euskera en el juicio, lo que en su opinión supone una vulneración de derechos fundamentales. El presidente del Superior rechazó tal alegación en base a lo dictaminado por el Tribunal Constitucinal.
