El Gobierno no concederá el tercer grado a la Mesa Nacional de HB

El Gobierno no concederá el tercer grado penitenciario a los 22 miembros de anterior la Mesa Nacional de Herri Batasuna (HB) encarcelados por colaboración con banda armada desde hace más de un año. El Ejecutivo encuadra esta decisión en su firme voluntad de no flexibilizar la política penitenciaria hasta que no se produzcan gestos en la dirección del proceso de paz por parte de ETA o su entorno, tal como subrayaba el martes pasado el propio presidente José María Aznar en respuesta a los actos de violencia que se viven en Euskadi.

Las expectativas levantadas por los partidos nacionalistas ante la posible concesión del tercer grado penitenciario a los integrantes de la Mesa Nacional de HB, una vez que el Gobierno ha concedido el indulto parcial a los ex altos cargos socialista José Barrionuevo y Rafael Vera, han quedado descartadas. El Gobierno teme que una medida de este tipo pudiera ser interpretada desde el nacionalismo radical como una muestra de debilidad tras la multitudinaria manifestación del pasado sábado en Bilbao, que está siendo utilizada como argumento por los partidos englobados en el Pacto de Lizarra para forzar al Ejecutivo a cambiar su política penitenciaria.El Ejecutivo del PP sigue, además, con su política de administrar según su criterio la capacidad negociadora que le otorga la situación de los presos etarras, ya que no está dispuesto a abrir con la banda terrorista un proceso de paz asimilado a la negociación política, según aclaró el martes el presidente del Gobierno, José María Aznar, en la rueda de prensa que concedió en La Moncloa. Con ETA, hoy por hoy, el Gobierno sólo está dispuesto a hablar del acercamiento de los reclusos y de la posible concesión del tercer grado penitenciario o excarcelaciones por motivos humanitarios.

El Ejecutivo sólo está dispuesto a aplicar por el momento medidas individuales de las que podrían verse beneficiados media docena de reclusos. Pero en sus planes no están los exmiembros de la Mesa Nacional de HB encarcelados, que además se apresuraron a advertir que rechazarían el tercer grado.

La flexibilización de la política penitenciaria será una de las principales peticiones con que Aznar se encontrará sobre la mesa en la visita que le hará el lehendakari, Juan José Ibarretxe, la próxima semana en La Moncloa. Previamente, mañana, el rey Juan Carlos recibirá al nuevo presidente vasco, en cumplimiento del protocolo.

Ibarretxe trata de legitimar esta petición con su advertencia a EH (la nueva marca electoral de HB) de que sólo mantendrá una alianza parlamentaria con esta coalición si previamente condena la violencia. Hoy, precisamente, una delegación del PNV y Eusko Alkartasuna (EA), de alto nivel, se reunirá con otra de EH para empezar a negociar el pacto de legislatura. En esta cita se le exigirá a EH una condena rotunda de la violencia callejera y de la extorsión que han empezado a sufrir de nuevo los empresarios vascos. La delegación la integrarán Joseba Egibar, Juan María Ollora e Idoia Zenarruzabeitia, del PNV, e Inaxio Oliveri y Patxi Ormazabal, de EA.

Aznar está poniendo ahora el acento en acelerar las medidas favorables a las víctimas del terrorismo. Ayer lo confirmó en unas declaraciones a la televisión griega (NET). Manifestó que es su "primer pensamiento" y su "primera acción". De hecho, esta cuestión se ha convertido en uno de los ejes de la nueva ronda de conversaciones con los partidos políticos que el presidente ha encargado a su secretario general, Javier Zarzalejos.

Pese al anuncio de la reunión entre Aznar e Ibarretxe, las relaciones del Gobierno con el PNV siguen en la misma línea: confrontación en Euskadi y entendimiento en Madrid. El ministro del Interior, Jaime Mayor, no perdía ayer la oportunidad de responder al último ataque del presidente peneuvista, Xabier Arzalluz, quien llegó a apuntar la posibilidad de que los servicios secretos, y no ETA, estén detrás de las últimas cartas de extorsión a empresarios vascos y los sucesos de violencia callejera.

El ministro calificó de "barbaridad" estas declaraciones y puso el acento en la insinuación lanzada por Arzalluz de que éste se plantearía la dimisión si fracasara el proceso de paz. A juicio de Mayor, Arzalluz se plantea desde su subconsciente la palabra dimisión ante la apuesta "tan personal y tan arriesgada para el PNV que fue la contrapartida de la tregua de ETA: el Pacto de Lizarra".

En medio de esta pugna, el ex jefe del Gobierno Felipe González advertía que el proceso de paz en el País Vasco "va mal". "No es que crea que haya dificultades, que son lógicas. Es que creo que va mal, pero no quiero hacer más valoraciones", añadió. El portavoz del Ejecutivo, Josep Piqué, señaló que con esa opinión González "no contribuye a obtener la paz sin contraprestaciones políticas".