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EL PROCESO DE PAZ

Piqué replica a Ibarretxe que debe ser la Mesa de Ajuria Enea la que decida el nuevo marco de la paz

Luis R. Aizpeolea

El portavoz del Gobierno, Josep Piqué, instó ayer al lehendakari, Juan José Ibarretxe, a que sea la Mesa de Ajuria Enea quien decida el marco en el que se debata el proceso vasco de paz y no "medidas de carácter unilateral", en alusión a la iniciativa de Ibarretxe de convocar una nueva mesa de partidos con participación de EH. Piqué dijo también que "no es verdad" que la Ley Penitenciaria obligue al acercamiento de los presos de ETA a Euskadi, frente a la tesis de Ibarretxe de que sí es "un derecho". Y calificó de "inaceptable" equiparar la condena de la violencia con la de dispersión de presos.

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El Gobierno adoptó ayer, tras la reunión del Consejo de Ministros, una posición de rechazo tajante ante la iniciativa del lehendakari Ibarretxe de convocar una nueva mesa de partidos vascos, incluido Euskal Herritarrok (EH), para debatir el proceso vasco de paz. "Existe un marco previo de todas las fuerzas democráticas que es el Pacto de Ajuria Enea. Debe ser en ese marco en el que debe valorarse la conveniencia de modificarlo como una mesa distinta, ampliarlo o cómo seguir, y no partiendo de una iniciativa de carácter unilateral que pase por encima de un acuerdo preestablecido al que muchas de las fuerzas políticas se sienten vinculadas", dijo el portavoz Piqué. La posición del Gobierno del PP coincide con la que el Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE) planteó al PNV durante la negociación previa a la formación del Gobierno vasco, y que la delegación nacionalista rechazó porque EH no acepta formar parte de una mesa de partidos que tenga como legitimidad de origen la Mesa de Ajuria Enea, que rechaza. Ayer, la Ejecutiva Federal del PSOE insistió en la misma posición del PSE.

Con ello, el Gobierno convalida la posición del PP vasco de replantearse su presencia en la mesa de partidos que pretende convocar Ibarretxe. "Conviene seguir las reglas y los marcos", argumentó el portavoz. Piqué afirmó también que el presidente Aznar no contará con EH en la ronda de partidos sobre la paz del País Vasco, cuyos contactos pretende intensificar, pese a su predisposición favorable en su comunicación del 18 de diciembre. La intensificación del llamado terrorismo de baja intensidad y la ausencia de condenas por EH es la explicación de fondo. "El Gobierno no puede tratar de la misma forma a EH que a los demás partidos que aceptan las reglas democráticas y condenan la violencia", explicó Piqué.

El Gobierno está convencido de que ETA está graduando la violencia para presionarle. Piqué recordó, en este sentido, que desde la declaración de tregua de ETA, el 16 de septiembre, hasta la celebración de las elecciones vascas, el 25 de octubre, se produjeron nueve actos de violencia callejera; desde las elecciones hasta la formación del Gobierno vasco, más de una treintena, y los dos más graves -el atentado contra una cafetería de un militante del PP y el ataque a una casa-cuartel de la Guardia Civil-, una vez formado el Gobierno vasco, la última semana. "Que cada uno saque sus conclusiones, pero que nadie caiga en la tentación de pensar que con la escalada de presiones conseguirá algo del Gobierno", dijo Piqué.

Pero el portavoz del Ejecutivo no sólo rechazó la iniciativa de la mesa de partidos de Ibarretxe. También arremetió contra su primer discurso institucional, celebrado la víspera, y calificó de "inaceptable" la equiparación, que sostuvo el nuevo lehendakari, de la condena de la violencia de ETA con la de la política de dispersión de presos etarras que mantiene el Gobierno.

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Piqué aseguró además tajantemente que "no es verdad que la ley penitenciaria obligue al Gobierno a acercar a los presos a sus lugares de origen". De ese modo, desmentía la afirmación de Ibarretxe, de la víspera, según la cual los presos de ETA tienen ese derecho. "La ley penitenciaria sólo recoge un criterio orientador en tal sentido, pero que no genera ningún derecho subjetivo para nadie", afirmó el portavoz.

El Gobierno se reafirmó ayer en su tesis de que acompasará su política penitenciaria a los avances en el proceso de paz y no se dejará presionar por movilizaciones como la que han convocado los partidos nacionalistas para hoy. "La aplicación de la política penitenciaria corresponde al Gobierno. Se equivocan los que piensan que un aumento en el ritmo e intensidad desembocará en un cambio en esta materia, puesto que cualquier modificación está supeditada a los avances en el cese definitivo de la violencia, según el mandato unánime acordado por el Congreso", señaló Piqué.

No obstante, el Gobierno no da por frustrado el aún incipiente proceso de paz en el País Vasco. Piqué, aunque insistió en que "diálogo y violencia no son compatibles", y que con "dos advertencias basta", expresó que el diálogo con EH es "posible y deseable", pero "dentro de un marco de normalización política en el que hoy por hoy no se está".

Piqué anunció, por último, que el Gobierno pretende presentar para fin de mes un paquete de medidas de ayuda destinadas a resarcir económica, social y moralmente a las víctimas del terrorismo. El encargado de coordinar estas medidas será el vicepresidente primero del Gobierno,Francisco Álvarez Cascos.

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