La familia Molina impugnará la decisión de vender la empresa cárnica

Los herederos de Andrés Molina no están de acuerdo con el proceso de liquidación de la empresa cárnica jiennense Hijos de Andrés Molina (Hamsa), emprendido por el accionista mayoritario, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). Así lo harán constar en la reunión de la junta general de accionistas que se celebrará el próximo día 26 y, a partir de ese momento, emprenderán las acciones que "en Derecho procedan" para impugnar la venta de los activos, de acuerdo con lo que explicó ayer Javier Pereda, letrado que representa los intereses de la familia, propietaria del 19,6% de la empresa.

Esta decisión viene a mostrar la disconformidad de la familia por las decisiones que ha ido tomando el IFA desde que asumiera el control de la empresa en 1995. De hecho, en noviembre pasado ya adoptó otra resolución en esta misma línea, al presentar una demanda de juicio declarativo de mayor cuantía, en la que la familia reclama al organismo público 3.800 millones de pesetas, que es la cifra en la que tasa el valor de la empresa en el momento en que abandonaron la gestión. La impugnación no paralizará en ningún momento el proceso de liquidación de la compañía, dado que éste se produce de manera irrevocable a causa de la resolución de la Unión Europea que obliga a la empresa a devolver las ayudas que en su momento recibió de la Junta de Andalucía y el Gobierno central. Por tanto, con el procedimiento legal emprendido, lo que persiguen es que se les devuelva la cantidad que entienden que se les adeuda y los perjuicios que ha causado a sus intereses la gestión del organismo público andaluz. Pereda señaló que se pretende "demostrar de forma palmaria y evidente que el contrato suscrito con el IFA en mayo de 1995 se ha incumplido total y absolutamente". En ese documento, el Instituto se hacía cargo, de forma temporal, de la dirección de la compañía cárnica con la intención de evitar la pérdida de empleo y salvarla de la quiebra. Pero, en palabras de Pereda "ni se ha reflotado la compañía ni se han mantenido los puestos de trabajo". Ahora, subraya el letrado, la Junta ha comprobado que la operación realizada en 1995 "es muy gravosa para sus intereses y tiene que quitarse de en medio la compañía", además de cumplir los criterios de libre competencia que exige el mercado. Para los antiguos propietarios, lo importante es demostrar que en los últimos años la Administración ha cometido una serie de "infracciones legales con apariencia de derecho", advierte el abogado, decisiones que ha adoptado "sin la aquiescencia de la familia Molina". Por eso, subraya Pereda, lo que pretenden es "hacer valer sus derechos y restituir el proceso expropiatorio" que entienden que se ha producido. De otro lado, considera que la entrada del IFA no ha supuesto el saneamiento económico esperado, ya que cifran las deudas acumuladas por la empresa, desde 1995, en 11.000 millones de pesetas, en los que se incluyen los 9.000 que percibió entre ayudas de la Administración autonómica y la condonación de la deuda de la Seguridad Social. Los Molina, encabezados por los hermanos Juan y Andrés Molina, no se han planteado la posibilidad de acudir a la subasta de los activos, dado que su carácter público permite a cualquier posible interesado pujar por los mismos. La venta de los activos se producirá a partir de la junta general de accionistas del próximo día 26. Hasta ahora, la empresa que ha mostrado interés por ellos es Campofrío, que incluye la adquisición del único elemento de valor que le queda a la firma jiennense en un plan inversor en Andalucía, cifrado en 4.000 millones de pesetas, y que supone la instalación de una planta de producción para la que contratará a 300 trabajadores de los que integran la plantilla de Molina.