El Consell bloquea la reclasificación de suelo en la franja costera

El Consell bloqueará la reclasificación de suelo en la franja costera hasta que se haya elaborado un plan litoral completo de acuerdo con las nuevas directrices de la ley de ordenación del territorio. Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat, avanzará hoy en Calpe las líneas generales que inspiran la nueva normativa, en fase de anteproyecto, que persigue conciliar el desarrollo urbanístico con la protección y recuperación medioambiental del suelo.

La caótica situación urbanística que impera en gran parte de la franja costera de la Comunidad Valenciana es una de las prioridades de la nueva ley de ordenación del territorio que elabora el Consell. El texto legal persigue regular el crecimiento urbano de acuerdo con las posibilidades reales del territorio, pero no pretende convertirse en un gran plan general para el conjunto del territorio valenciano. La intención del Consell es establecer un instrumento flexible y sencillo, con un articulado breve, pero sí fijará algunas restricciones de obligado cumplimiento. Como primera prevención, la norma excluye la posibilidad de reclasificar suelo en una franja de 500 metros desde la línea de costa hasta que se proceda a un estudio detallado del conjunto del litoral. Sólo se exceptuarán actuaciones estratégicas excepcionales que pudieran afectar a grandes planeamientos metropolitanos o actividades industriales de gran calado. Los estudios correspondientes se elaborarán de acuerdo con un sistema de información del territorio que atiende a aspectos como los riesgos de erosión, la condición de inundables de determinadas zonas o la disponibilidad de acuíferos en el entorno para atender las necesidades de abastecimiento de futuras zonas urbanizables. En la misma dirección, aquellos terrenos de la franja costera que ya han sido calificados como urbanizables de acuerdo con las respectivas ordenaciones municipales serán sujetos a determinadas exigencias. Las dotaciones públicas, zonas verdes y las zonas de servicio distribuidas sin control en la actualidad por los urbanizadores deberán ubicarse necesariamente en la primera línea de costa. Los terrenos próximos a pozos de abastecimiento de agua que funcionen en la actualidad también serán sujetos a una exclusión de 500 metros para su reclasificación como urbanizables para evitar riesgos futuros a los acuíferos que los nutren. Las futuras reclasificaciones también estarán sujetas a la necesaria cesión de suelo para garantizar el volumen del patrimonio de suelo público en el conjunto del territorio valenciano. El lema de la nueva ley es proteger la misma superficie que se cede para urbanizar. El texto no pretende recortar las competencias de los ayuntamientos, pero sí exige el minucioso estudio de las posibilidades reales del territorio para garantizar un desarrollo sostenible de la urbanización. También incide en la recuperación del patrimonio urbano y establece que la mitad del porcentaje de suelo destinado a aprovechamiento municipal se concentre en cascos históricos. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística se completan con una regulación del suelo no urbanizable que restringirá la nueva norma estatal. El suelo de la Comunidad Valenciana sólo será urbanizable si lo permiten los indicadores de información territorial que fijará la nueva ley. Joan Ribó, coordinador generla de Esquerra Unida, recordó en declaraciones a Efe que la ley de ordenación del territorio fue anunciada hace cuatro años por Luis Fernando Cartagena, ex consejero de Obras Públicas, y denunció que la consejería ha elaborado el anteproyecto sin tener en cuenta los resultados de un estudio pormenorizado sobre el territorio. "No tiene sentido que se haga un trabajo exhaustivo cuyo valor asciende a 300 millones de pesetas y que éste no se tenga en cuenta a la hora de redactar el nuevo proyecto de ley", dijo Ribó, quien anunció una serie de interpelaciones parlamentarias al respecto. Fuentes de Obras Públicas desestimaron las acusaciones de Ribó y aseguraron que los diversos estudios elaborados por empresas privadas sobre la realidad del territorio en la Comunidad Valenciana se han atendido como corresponde. Pero recordaron que la potestad para redactar la legislación recae sobre el Consell.