Un informe de Bienestar Social critica los "efectos perversos" del "bonocheque" de Miró

Un estudio realizado por la Unidad de Inspección de Servicios Sociales critica, en tono constructivo pero sin tapujos, las múltiples deficiencias del programa de bono residencia, el plan impulsado por la Consejería de Bienestar Social, cuya titular es Marcela Miró, para facilitar el alojamiento de personas sin recursos en residencias privadas de la tercera edad. El informe, entre otros "efectos perversos o indeseables", destaca la carencia de plazas, los abusos de algunas residencias y la discriminación que sufren los usuarios con menos recursos económicos.

El trabajo del propio servicio de inspección de la Consejería de Bienestar Social analiza todos los pormenores relacionados con el programa del bono residencia, desde que el ciudadano presenta la solicitud para acogerse al programa hasta que la residencia cobra las cantidades con las que la Administración autonómica costea el alojamiento, cuidado y manutención de los beneficiarios. Y si el análisis del programa es prolijo, sus conclusiones también lo son. Éstas son sólo algunas de las mencionadas: Las plazas ofertadas son insuficientes para la demanda generada, especialmente en Alicante, no existe uniformidad en cuanto a los servicios e instalaciones de las residencia privadas incluidas en el programa y, en términos generales, sería necesario establecer "un mayor control del uso de fondos públicos" que llegan a las residencias privadas. Además, los inspectores subrayan las "irregularidades" generadas por la tardanza en resolver las nuevas peticiones de ayudas. Así, el 17 % de las peticiones de subvenciones cursadas en 1998 -aquellas que no ratificaban o prorrogaban ayudas ya concedidas en 1997- no se empezaron a conceder o denegar hasta el mes de julio, ya en el segundo semestre del año. Por ello, "las consecuencias inmediatas de los retrasos y los tiempos muertos son sufridos tanto por la residencia como por el cliente", ya que los "procedimientos de pago y de liquidación aplazada" entre usuario y empresa provocan "efectos indeseables" al posibilitar "prácticas anómalas". Por parte de las residencias "se dan cobros por encima de módulos sin motivo alguno". Por parte de la Administración, se incurre "en tardanzas insostenibles (hasta de un año) en la liquidación al cliente (en algunos casos varios meses después de la muerte del usuario)". El programa de bono residencia, criticado por la oposición por no garantizar una calidad mínima del servicio y evitar que la Administración consolide las prestaciones en este campo, pretende, sobre el papel, incrementar la oferta de plazas en el sector de la tercera edad e incrementar la capacidad de elección del usuario. Para ello, la Administración concede al beneficiario -"personas mayores de 60 años con necesidad de ser atendidos" y sin suficientes "recursos económicos"- un vale que puede utilizar en todas las instalaciones adheridas al programa. No obstante, el plan, tal como destaca la inspección, presenta múltiples deficiencias. Por ejemplo, destacan los "aspectos preocupantes" derivados de la relación entre oferta y demanda de plazas residenciales, ya que las solicitudes de ayudas formuladas hasta la realización del estudio (2.344) rebasan la oferta de plazas disponibles (2.046). Además, en julio la resolución de peticiones "quedó paralizada por falta de presupuesto". Estos dos factores refuerzan las consecuencias negativas de los "efectos perversos o indeseables" achacables al programa. Uno de ellos viene provocado por la retroactividad. Los autores del informe destacan que una fórmula pensada para favorecer al usuario -financiar el bono una vez ya utilizado el servicio para paliar, entre otros factores, los retrasos inherentes a la farragosa burocracia administrativa- no hace sino "penalizar" a "los usuarios sin recursos económicos", principalmente por la actitud de las residencias. Las empresas privadas exigen a sus clientes el cobro de la estancia en base a sus precios, no según las cantidades contenidas en los bonos de la Generalitat, que concede la ayuda con posterioridad a que el ciudadano haga uso del servicio. "Dicha práctica", añade el estudio, "conlleva inexorablemente que la retroactividad no pueda ser utilizada por personas sin recursos económicos". Las limitaciones del presupuesto inciden aún más en la precaria situación del colectivo de usuarios más desfavorecido: las personas sin dinero no pueden arriesgarse a utilizar un servicio sin la garantía de que la Generalitat costeará su estancia en la residencia. "Consecuentemente es posible que personas con una gran necesidad social queden rezagadas en la cobertura de sus necesidades", afirman los inspectores. Necesidad de mejoras El colofón del estudio apunta la necesidad de mejorar el funcionamiento del programa mediante la introducción de mejoras en varias áreas: desde el diseño de la oferta hasta la organización interna de los servicios de la consejería; desde el manejo de las aplicaciones informáticas (tema en el que se hace especial hincapié) hasta el trato a los "clientes", concepto de tintes mercantilistas con el que se menciona a los usuarios. En este último apartado los responsables del informe recomiendan incrementar la oferta de plazas, suministrar más y mejor información al ciudadano y atender con "eficacia" las posibles reclamaciones. En el apartado de las residencias se demanda un incremento de los "mínimos de calidad actuales", "una supervisión periódica y sistemática de los estandares de calidad" ofrecidos y una homologación de "las prestaciones en relación precio-plaza". Esta última medida persigue acabar con los "agravios comparativos" establecidos entre usuarios que, pese a gozar de ayudas de igual cuantía, reciben un servicio de calidad muy diferente en función de la residencia por la que han optado.