El secretario municipal de Valencia ve un beneficio "anormal" en dos compras

VIENE DE LA PÁGINA 1 "Aquí hay cuestiones bastante graves que no se pueden enderezar", afirmó ayer Ana Noguera sobre la operación de compra de terrenos para los ecoparques municipales de Valencia. El caso, que la portavoz socialista calificó como posibles "estafa consensuada" y "prevaricación" y en el que presumiblemente una empresa ha gozado de "información privilegiada", "huele muy mal", según expresión del también edil del PSPV Rafael Rubio. "No admitimos que se enderece nada, esto está consumado y no se puede enderezar", dijo la candidata, "lo que el PP ha hecho es intentar colar una estafa a los ciudadanos y al verse descubierto trata de arreglarlo". "Aquí lo que hay es un pelotazo", terció Rubio, quien agregó que, "al ver que la oposición los ha pillado", los populares proponen arreglarlo. "El que la hace, la paga", precisó. "Enderezar significa poner recto algo que está torcido", señaló Rubio, quien añadió que al emplear esa expresión en su informe el secretario general está diciendo que el expediente incurre en ilegalidad". Dimisión inmediata Los socialistas creen que ha existido delito y preparan acciones legales porque consideran, además, que aunque el PP deshaga la operación tal como sugiere el secretario general en su informe, el delito seguirá existiendo porque fue "consumado" con el pago de los 117 millones de pesetas a CERYP. Por todo ello, los socialistas reclaman la dimisión "inmediata" de Silvestre Senent. "Si la alcaldesa no tiene nada que ocultar debe forzar de inmediato la dimisión de Senent", dijo Ana Noguera. Silvestre Senent, edil de la máxima confianza de la alcaldesa Rita Barberá que ejerce como delegado municipal de Medio Ambiente y es presidente local del PP de Valencia, inició el pasado año las gestiones tendentes a la adquisición de suelo para ubicar dos ecoparques -instalaciones que están concebidas para la recuperación de papel, cartón, vidrio y otros residuos sólidos urbanos- en el norte y el sur de la ciudad. Pero no encontró el suelo que buscaba y en junio pasado declaró urgente la contratación y convocó un concurso para adquirir el suelo, cuyo precio máximo se fijaba -sin ninguna clase de informe que lo justificara- en 13.000 pesetas por metro cuadrado. Al concurso sólo se presentó CERYP, SA, sociedad de los hermanos Prieto, cuyas empresas detentan diversas contratas de mantenimiento del Ayuntamiento de Valencia. CERYP ofreció una parcela de 4.675 metros en el polígono industrial Vara de Quart por 59 millones de pesetas y otra en Poble Nou, de 4.502 metros, por 58 millones. Ambas parcelas habían sido compradas poco antes por 28 y 23 millones, respectivamente. Así, en muy poco tiempo CERYP consiguió un beneficio de 66 millones de pesetas. El secretario general del Ayuntamiento propone "enderezar" el expediente dejando "sin efecto el pago en metálico realizado, con devolución de las cantidades, y proceder al pago en especie de los solares adquiridos con solares municipales susceptibles de edificación por idéntico valor real y formal" previa valoración de los bienes "a precios de mercado". El concejal Silvestre Senent, que ayer conoció el informe del secretario porque se lo facilitaronlos periodistas, se reafirmó en su opinión de que la operación de los solares ha sido "legal".

La Asociación de Amigos del Cámping de El Saler ha presentado ante la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) una demanda contra la resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se comunicó a los campistas el cambio de las condiciones de estancia decidido con vistas al inminente cierre de las instalaciones. Éste ha sido aprobado ya por la Fundación Municipal Cámping de El Saler y ha de ser ratificada por el pleno, momento en que los campistas adoptarán nuevas medidas legales contra el Ayuntamiento. Mientras, ayer la comisión de Medio Ambiente abordó con carácter urgente la "extinción y disolución" de la fundación. Además de la inexistencia de justificación para que este asunto fuera tratado en la citada comisión, los socialistas pusieron de relieve que mientras no se prevea la dotación presupuestaria necesaria para pagar al personal no se puede disolver la fundación.