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Tribuna:

O él o yo

Tras llamar "desequilibrado, miserable y cobarde" al juez Santiago Torres, instructor del caso Atlético de Madrid, don Jesús Gil añadió: "El del juzgado número 7 se tiene que ir de Marbella por encima de todo. O él o yo". Las palabras que he entrecomillado aparecieron entrecomilladas en la página 3 de Andalucía de EL PAÍS del pasado viernes. No creo que sea indiferente, desde una perspectiva penal, que quien está siendo investigado como consecuencia de que existen indicios racionales de criminalidad en su conducta insulte al juez instructor de la forma en que lo hace don Jesús Gil. Pero de lo que sí estoy seguro es de que la amenaza de que el juez tiene que irse de Marbella por encima de todo, sí es constitutiva de delito. Las palabras del alcalde de Marbella no constituyen solamente un ataque a la independencia del juez, sino un ataque a la institución en la que descansa todo nuestro sistema de Administración de Justicia, que no es otra que la del juez ordinario predeterminado por la ley. La vinculación del juez con el territorio forma parte del núcleo esencial de esa institución, hasta el punto de la Ley Orgánica del Poder Judicial califica como falta "muy grave", "la ausencia injustificada, por siete días naturales o más, de la sede del órgano judicial en que el juez o magistrado se halle destinado". La vinculación del juez con el territorio es la más fuerte de todas las que existen en el Estado. Mucho más que la del alcalde con su municipio o la del parlamentario con su circunscripción. Un alcalde puede no aparecer por el municipio o un parlamentario puede no aparecer por su circunscripción, sin que pase nada. El juez no puede hacerlo. Tiene obligación de estar, porque de su permanencia depende el ejercicio de los derechos por los ciudadanos. Por eso es una vinculación que no admite excepción de ningún tipo. Pues sin ella todo nuestro sistema de Administración de Justicia se viene abajo. En este principio descansa la imparcialidad y la objetividad en la administración de justicia. Ni los ciudadanos pueden elegir qué juez va a conocer de su conducta, ni los jueces pueden elegir a qué ciudadanos se va a extender su jurisdicción. Sin la vinculación del juez al territorio nada de esto sería posible. Ésta es la razón por la que la amenaza de don Jesús Gil resulta intolerable. Me imagino que el Ministerio Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial iniciarán actuaciones de manera inmediata contra el alcalde de Marbella. Ésta no es una payasada más a las que don Jesús Gil nos tiene acostumbrados. Nos encontramos ante un ataque frontal contra la función jurisdiccional en cuanto tal y, por tanto, contra uno de los pilares del Estado de Derecho. Y esto no se puede dejar pasar. ¿Con qué legitimidad puede seguir actuando el Ministerio Fiscal o el Consejo General del Poder Judicial si no actúan contra una agresión como la protagonizada por don Jesús Gil contra el fundamento de nuestro sistema de Administración de Justicia?JAVIER PÉREZ ROYO

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 20 de diciembre de 1998