El TSJ critica el intento de "criminalizar" la política y archiva la querella de El Cabanyal contra Barberá

La querella presentada el pasado septiembre por la Asociación de Propietarios Perjudicados del Marítimo (Properma) contra la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y los concejales del PP que votaron a favor del proyecto de prolongación de la avenida de Blasco Ibañez hasta el mar a través del barrio de El Cabanyal supone un intento de "criminalizar" la política. Así lo señala un auto de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano dado a conocer ayer por el que se decide archivar la querella debido a que los hechos denunciados "no son constitutivos de delito". El instructor ha sido Juan Montero Aroca. La querella fue presentada por un presunto delito contra el patrimonio histórico, debido a que el proyecto municipal afecta a bienes protegidos en El Cabanyal. El auto inscribe la iniciativa de los querellantes en "lo que ha venido en llamarse penalización de la vida política". Tras señalar que un proyecto como el de la prolongación de Blasco Ibáñez tiene partidarios y dectractores, a los que concede la posibilidad de defender sus posturas con los medios que el sistema democrático pone a su disposición, el escrito añade que entre esos medios no debe contarse el de la "criminalización del adversario político", que "implica desvirtuar la esencia misma" de un sistema basado en la legitimidad que confieren las elecciones. Según el magistrado, "el pretender criminalizar a los que toman una decisión política en cumplimiento de su programa electoral, no es sustancialmente distinto de pretender criminalizar a todos los ciudadanos que votaron a favor de un programa electoral en el que esa decisión se presentó como opción de lo que se entiende por servicio de los intereses generales". Fuentes de los querellantes rechazaron ayer esta argumentación, acusaron a su vez al magistrado de ser él quien "politiza" y anunciaron su intención de recurrir el archivo de la querella. Las asociaciones vecinales del barrio de El Cabanyal-Canyamelar han organizado en los últimos meses manifestaciones y protestas contra el proyecto aprobado el pasado verano por el Ayuntamiento para prolongar Blasco Ibáñez con una anchura de 48 metros. El proyecto supone la destrucción de casi medio millar de edificios, muchos de ellos protegidos. Por su parte, la alcaldesa Rita Barberá se mostró satisfecha por la resolución del TSJ. El auto, dijo, supone que "hay que respetar las urnas, con todos los procedimientos de debate que la democracia da, que son muchos". En su opinión, cuando un poder lesiona el interés de un ciudadano, éste cuenta con la opción de acudir al tribunal Contencioso Administrativo, pero precisó que hacerlo "gratuitamente, como un deporte, querellarse contra el gobierno local porque no gusta la posición política respaldada por la mayoría de los ciudadanos, no dice nada en favor de los convencimientos democráticos".