La Asamblea de Madrid planea medidas contra los grupos ultras

La muerte de Aitor Zabaleta se ha producido cuando falta sólo una semana para que los tres grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid (PP, PSOE e IU) aprueben una ponencia contra la violencia ultra en los campos de fútbol. Desde hace un año, una comisión parlamentaria prepara un documento consensuado que intentará erradicar a los alborotadores de los campos de fútbol.La ponencia propone que los clubes sometan a un estrecho control a los ultras, hasta el punto de que sean grabados en todos los partidos. Así, todo asistente a un encuentro o que exhiba símbolos racistas o xenófobos sería objeto de un expediente, que pasaría a una comisión especial -formada por el director general de Deportes de la Comunidad de Madrid y representantes de los clubes- con potestad para decretar su confinamiento en comisaría a la hora del partido. Igualmente, los políticos madrileños reclaman juicios rápidos contra los alborotadores.

Los clubes, según el documento parlamentario en estudio, tendrán expresamente prohibido cualquier tipo de financiación de los grupos violentos.

Junto a este acoso económico, el borrador incluye también la posibilidad de elaborar listas de seguidores ultras que deberán ser expulsados de sus respectivos clubes.

Minorías violentas

Fernando Sánchez Lázaro, diputado del PP que redactó primer borrador sobre el que los tres grupos parlamentarios han trabajado durante este año, afirmó ayer que "con estas medidas se intenta extirpar de las hinchadas a la minorías violentas". Y detalló: "Si conseguimos que no puedan acceder a un campo de fútbol, poco a poco, terminarán aburriéndose. Los grupos ultras en los campos de fútbol terminarán por desaparecer". Sánchez Lázaro reconoce, no obstante, que no sabe "si los clubes estarán de acuerdo con esta medidas".De hecho, los presidentes del Atlético de Madrid, Jesús Gil, y del Real Madrid, Lorenzo Sanz, dudan de su eficacia. El pasado mes de octubre, cuando se filtró el primer borrador de la ponencia, Sanz afirmó que la idea de que los ultras permanezcan en comisaría durante los partidos ya se había intentado anteriormente, pero que se había rechazado la medida porque resultaba inconstitucional.

Por su parte, Jesús Gil y Gil manifestó que si estas medidas se aplicasen mal, podrían generar el efecto contrario al que se pretende.

"No hay que sacar las cosas de quicio. Si nos equivocamos, en vez de arreglar el problema, caeremos en el riesgo de agrandarlo más", aseguró.