Dos consejeros se enfrentan por las obras del metro y acaba interviniendo el Consejo de Estado

Dos consejeros del Gobierno regional, Luis Blázquez (Economía) y Luis Eduardo Cortés (Obras Públicas), mantuvieron durante dos años una discusión jurídico-política sobre quién tenía que asumir el control sobre las obras del metro. Como no llegaron a ningún acuerdo amistoso tuvieron que recurrir al Consejo de Estado para que resolviera su conflicto de competencias. La institución estatal acabó dando la razón al titular de Economía, que desde entonces vigila todos los proyectos, que son muchos, de ampliación del suburbano madrileño.

Las discusiones entre Blázquez y Cortés por las obras del metro han permanecido vivas más de dos años. Y no se resolvieron hasta que, cansados de interpretar normativas, decidieron consultar al Consejo de Estado.Blázquez reivindicaba para sí el control sobre la seguridad en las obras del subsuelo, porque, según mantenía con ardor, era la Dirección General de Industria y Minas la única competente y especializada para vigilar el buen estado de los trabajos. Cortés, por su parte, prefería prescindir de la colaboración de la Consejería de Economía para continuar con su acelerado ritmo de construcción de nuevos kilómetros de metro, porque, según su razonamiento, las obras del suburbano poco tenían que ver con la industria y la minería.

Desde octubre de 1995 hasta diciembre de 1997, los colaboradores de Cortés y Blázquez interpretaron hasta el agotamiento la ley y los reglamentos de Minas en su disputa por las competencias sobre la seguridad de las obras del metro.

En torno a esta batalla de competencias entre dos consejerías de la Comunidad de Madrid surgieron otras luchas igualmente importantes. El Consejo de Estado pudo comprobar, al estudiar el caso y pedir asesoramiento a los expertos, las grandes diferencias de criterio entre los ingenieros de caminos, canales y puertos y los ingenieros de minas. Y también las discrepancias entre el Ministerio de Fomento y del Ministerio de Industria.

Se trataba de determinar quién tenía la competencia sobre seguridad en los trabajos en túneles. Los expertos de Obras Públicas señalaron que las normas aclaraban que el ámbito de competencia de la consejería de Economía sobre el control de la seguridad en las obras se reducía a las explotaciones de minas, canteras, salinas marítimas, excavaciones a cielo abierto o subterráneas, "siempre que en cualquiera de los trabajos citados se requiera la aplicación de la técnica minera o el uso de explosivos".

Los especialistas de Obras Públicas agarraron estas últimas líneas para recordar que la Dirección General de Industria tenía competencias sobre determinadas obras subterráneas -"sólo aquellas en que se usen explosivos"-, pero no sobre todas. Y aportaron otro argumento: "La técnica minera [sobre la que tiene competencias la Dirección General de Industria] exige la concurrencia de dos requisitos: la finalidad de investigación y el aprovechamiento de los recursos materiales]. La ampliación del metro no cumple ninguna de las dos condiciones.

Inspección y vigilancia

La Consejería de Economía contraatacó con su informe en el que recordaban que, durante los últimos dos años, los técnicos de Industria habían intentado, sin éxito, inspeccionar y vigilar las obras del metro. Los dirigentes de Obras Públicas se negaban a aceptar el control porque "la construcción de túneles no se ejecutaba conforme a la técnica minera, sino conforme a la técnica de obra civil".Para resolver el conflicto, el Consejo de Estado empezó pidiendo asesoramiento al Consejo Superior de los Colegios de Ingenieros de Minas, que apoyó la tesis de Economía. Después preguntó al Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que respaldo a la consejería de Obras Públicas.

El Consejo de Estado solicitó entonces la opinión de los ministerios de Fomento y de Industria. El primero apostó por Cortés; el segundo, por Blázquez. Recurrieron entonces al Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que optó por la diplomacia: "Sería conveniente coordinar las distintas intervenciones".

Y el Consejo de Estado resolvió: "El órgano competente en materia de prevención de riesgos laborales en las obras del metro es la autoridad minera; esto es, la Dirección General de Industria [de la Consejería de Economía]".