La Audiencia condena a dos vecinos por cortar la carretera en una protesta

La Audiencia Nacional ha condenado a una multa de 100.000 pesetas a dos de los manifestantes que cortaron una céntrica carretera de Getafe en la noche del 10 de abril de 1996 para protestar por la apertura de un centro de atención a drogodependientes (CAD) en la plaza de Juan Vergara (en el barrio de la Alhóndiga), una de las zonas más azotadas por la droga de este municipio. El tribunal condena a los manifestantes -José Antonio Ch. M. y Julián P.S.- por una falta grave.

El tribunal ratifica de esta forma la multa de 100.000 pesetas que, por cortar la carretera, impuso a cada uno, en julio de 1997, la Delegación del Gobierno de Madrid. Los ahora condenados, disconformes con la sanción, presentaron un recurso contra la decisión gubernativa ante la Sección Octava de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.En la manifestación, que carecía de la preceptiva autorización por parte de la Delegación del Gobierno, intervino un centenar de vecinos. Los manifestantes, según la sentencia de la Audiencia Nacional, provocaron un caos de tráfico en Getafe, ya que taponaron la entrada y salida a la ciudad por la carretera de Toledo.

El tribunal entiende que la sanción gubernativa se ajusta a la legalidad. Y se basa, entre otras razones, en un informe que emitió sobre el incidente la Guardia Civil, que señala que ambos manifestantes desempeñaron un papel especialmente "radicalizado". José Antonio Ch., según ese informe, agredió y causó lesiones a un automovilista que intentó esquivar a los manifestantes para proseguir su marcha.

Lesiones

En el altercado, el conductor sufrió lesiones. Debido a este incidente, José Antonio Ch. tuvo que comparecer como denunciado por daños y lesiones ante un juez de Getafe. El juez le condenó. Esa condena fue utilizada ante la Audiencia Nacional por José Antonio Ch. para intentar anular la multa. Adujo que ello significaba condenarle dos veces por el mismo hecho. El tribunal afirma que la multa de 100.000 pesetas impuesta por la Delegación del Gobierno es una cuestión administrativa distinta de la penal y, además, se ajusta a derecho. Las protestas contra el CAD fueron casi diarias, arrancaron en diciembre de 1995 y concluyeron en abril de 1996. La mayor parte de las quejas vecinales se desarrollaron frente al Ayuntamiento, aunque en algunas ocasiones, y de forma sorpresiva, afectaron a la citada carretera.Pese a las protestas, el CAD entró en funcionamiento a finales de julio de 1996. Los vecinos pactaron con el Ayuntamiento la posibilidad de efectuar un seguimiento conjunto de las actividades del centro.