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SUCESOSEL DETENIDO DESCRIBE LOS LUGARES DONDE DEJÓ A LAS VÍCTIMAS

Los detalles dados por Ferrándiz sustentan su procesamiento por los 5 crímenes de Castellón

María Fabra

Las dudas sobre la credibilidad de la confesión de Joaquín Ferrándiz, de 35 años, en la que se autoinculpaba, de cinco asesinatos, se disipan. El auto de procesamiento del juez de Castellón Josep Lluís Albinyana, en el que se señala a Ferrándiz como presunto autor de los cinco crímenes, desvela la aportación de detalles por parte del detenido, hasta ahora desconocidos, sobre la muerte de cada una de las mujeres. Los datos revelados por el sospechoso sustentan la convicción del juez de que existen indicios racionales para procesar a Ferrándiz por cinco delitos de asesinato, uno de homicidio en grado de tentativa, dos por detención ilegal y una agresión sexual.

Las víctimas de estos delitos son las fallecidas Sonia Rubio, de 25 años, Amelia Sandra García, de 22 años, Natalia Archelós, de 23 años, Francisca Sales, de la misma edad, y Mercedes Vélez, de 28 años; y una sexta joven, a la que Ferrándiz agredió en febrero, hecho que puso a la Guardia Civil sobre su pista. La descripción de las ataduras y de los elementos que utilizó el sospechoso para tapar los tres cadáveres del llamado caso Vora Riu ha sido determinante para que, junto a su autoinculpación, el juez haya decidido el procesamiento por estos crímenes. Además, Ferrándiz detalló el lugar cercano a El Grau de Castellón donde había recogido a cada una de las tres jóvenes, que se dedicaban a la prostitución, y los puntos en los que depositó sus cadáveres, a una distancia de 100 a 200 metros uno de otro durante el verano de 1995. En el mismo escrito se subraya también la presencia de una jeringuilla con la que una de las fallecidas presentó resistencia a su agresor, hecho que no se había hecho público. En el caso de Amelia Sandra García los detalles también son escabrosos. Así, Ferrándiz explicó al juez como recogió a la joven en su coche, donde, según su versión, mantuvo una "relación afectiva". Posteriormente el acusado sostuvo que la desnudó y tiró su ropa justo en los matorrales donde efectivamente fue hallada una chaqueta de la víctima. En otro lugar, que también indicó Ferrándiz, se encontraron las botas de la joven, que fue maniatada con sus propias medias y sujetador. Al contrario que en el sumario de Sonia Rubio, en ninguno de estos otros casos se imputa a Ferrándiz el delito de abuso sexual, con lo que pierde fuerza el perfil del agresor sexual reincidente. El auto fija una fianza de 250 millones de pesetas para el pago de posibles indemnizaciones. Con este auto se ha dictado también la libertad sin cargos para Claudio Alba, de 52 años, detenido en enero de 1997 y procesado por la muerte de las tres mujeres de Vora Riu. El auto del juez Josep Lluís Albinyana dice que su procesamiento estuvo "basado, erróneamente, en indicios que han sido desechados por la contundencia de las pruebas" de las que ahora se dispone para juzgar a Joaquín Ferrándiz.

Dimisiones

El auto de procesamiento de Ferrándiz ha provocado el PSPV, de EU y de NE hayan pedido la dimisión del subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral, como máximo responsable de las fuerzas de seguridad, que han mantenido la existencia de indicios para acusar a Claudio Alba, ahora exculpado. El parlamentario socialista Jesús Huguet lamentó ayer la actuación "irresponsable" de Sánchez Peral en sus declaraciones sobre Alba. La diputada de EU Carmen Cana recordó la "intromisión" del subdelegado en asuntos como el de una de las fallecidas, Amelia Sandra García, de cuya desaparición dijo que correspondía a una fuga voluntaria. Cana añadió: "Si tiene un poco de dignidad debería dimitir antes de que le cesen". Por su parte, Francesc Colomer, de NE, calificó a Sánchez Peral como "el representante de la Administración más imprudente que hemos tenido". Colomer se refirió también a unas declaraciones del subdelegado en las que afirmó que la serie de crímenes habían servido para que Castellón fuera un lugar conocido por los norteamericanos. Por su parte, la defensa de Alba calificó de "aberrante" el procesamiento revocado.

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