Una negociación política agotadora y un largo desfile de juristas

La negociación política sobre la renovación parcial del Tribunal Constitucional, iniciada en febrero y terminada en octubre, antes de que el asunto se trasladara al Senado, careció del necesario consenso final, pero, en cambio, produjo un desfile de juristas, entre ellos, importantes tapados.

Uno de los candidatos más insistentemente propuesto por el PP, desde la primera etapa y siempre con gran confidencialidad entre los interlocutores, es el magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo Roberto García Calvo, de 56 años.

Ponente de la sentencia que en diciembre de 1997 condenó a siete años de cárcel a cada uno de los 23 miembros de la Mesa de HB, García Calvo confesó a juristas compañeros suyos el ofrecimiento que le hizo el PP, confirmado en la mesa de negociación.

La biografía de García Calvo, ex gobernador civil y jefe provincial del Movimiento en Almería y de ideología ultraconservadora, no parecía a los socialistas apropiada para un miembro del órgano máximo intérprete de la Constitución. Desde el propio PP se recordó que Rodolfo Martín Villa, hoy en el PP, durante su etapa de ministro del Interior tuvo que destituirle porque se negaba a aplicar la amnistía laboral.

La presentación de candidatos como García Calvo se conciliaba con el acuerdo por ambas partes de que se tratara de juristas no contaminados por la política y de especialidades jurídicas positivas, es decir, no filósofos ni historiadores.

Ex ministros, no

Los socialistas han confesado que, después de 13 años en el Gobierno, gran cantidad de juristas próximos habían sido ministros o altos cargos. Uno de los primeros propuestos fue el ex ministro de Justicia Fernando Ledesma, pero la exclusión de los ex ministros fue tajante, aunque chocó con la propuesta del PP del ex ministro centrista Sebastián Martín Retortillo, quien finalmente renunció por su reciente alto cargo en Endesa. Le sustituyó Fernando Garrido Falla.La búsqueda de un procesalista, dado el relevo de Vicente Gimeno Sendra, llevó a proponer al catedrático Andrés de la Oliva, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial. Los socialistas propusieron entonces al ex presidente de este órgano, Pascual Sala. Ambas iniciativas decayeron.

La relativamente pacífica propuesta del magistrado Vicente Conde, por el PP, y de la catedrática María Emilia Casas, por el PSOE, precedió a la pugna por un candidato de consenso.

El constitucionalista Manuel Aragón, que había sido barajado por el PP, fue rechazado cuando lo propuso el PSOE. Tampoco aceptó el PP otros constitucionalistas como Juan José Solozábal o Luis Aguiar, el catedrático de Derecho Tributario Juan Ramallo o el de Economía Francisco Cabrillo; del mismo modo que el PSOE no aceptó al letrado del Consejo de Estado José María Martín Oviedo o al letrado de las Cortes Manuel Fraile Crivillé.