El Congreso rechaza investigar las cuentas de la Diputación alicantina

El Congreso de los Diputados rechazó ayer una investigación específica de la gestión económica del PP al frente de la Diputación de Alicante, presidida por Julio de España. la propuesta realizada por el diputado de Nova Esquerra Manuel Alcaraz se debatió en la Mesa de Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. A favor de la propuesta votaron el PSOE, EU y Nueva Izquierda, y en contra el PP y CiU. Al final, 20 votos frente a 16 frustraron la investigación.

La comisión discutió la conveniencia de fiscalizar las cuentas de la institución provincial con el fin de determinar si el uso de los fondos públicos se corresponde al "comportamiento ético y jurídico" al que están obligadas las administraciones públicas. Según la exposición de motivos que Alcaraz defendió ayer, en los últimos meses se han aireado "acusaciones fundadas" de mal funcionamiento de la Diputación de Alicante, que han llevado a sembrar la duda en torno a posibles desviaciones en la gestión del presupuesto o favoritismos a ayuntamientos del PP. La propuesta de Alcaraz se basaba en las denuncias hechas públicas a partir del llamado caso Dolores. En marzo se conoció la existencia de un pacto, firmado ante notario por dirigentes del PP y de la Diputación, que comprometía subvenciones de obras "al cien por ciento" a cambio de que dos concejales independientes de Dolores (Vega Baja) suscribieran una moción de censura contra el alcalde socialista, lo que hicieron días después. Ese mismo mes, cinco concejales del PP de Orihuela denunciaron un presunto cohecho en el que implicaban al alcalde, del mismo partido, y al empresario Ángel Fenoll. Ese industrial se ha beneficiado de diversas adjudicaciones de obras públicas promovidas por la Diputación, incluida una en Dolores. La propuesta de Alcaraz se fundamentaba, sobre todo, en la actividad del empresario oriolano y sus relaciones con la Diputación. Aquella polémica duró meses, y el PP respondió con una comisión de investigación con un campo de trabajo tan amplio que nació viciada. Para el diputado de Nova Esquerra, estos casos "no aclarados" repercuten en el prestigio y eficacia de la Diputación. Para el parlamentario, el mayor déficit de funcionamiento en el caso de Alicante es la falta de transparencia, por lo que solicitó una exhaustiva investigación desde junio de 1995, cuando el PP asumió el poder. Los grupos parlamentarios del PSOE e IU compartieron los argumentos de Nueva Izquierda y apoyaron la propuesta. Enriqueta Seller, del PP, que también ocupa un sillón en la Diputación de Alicante, argumentó que los dirigentes de la institución estamparon su firma en el pacto de Dolores como "meros testigos" del acuerdo entre dos partidos, y que la Diputación es "especialmente escrupulosa" al tramitar contratos. "No hay nada que pueda ser objeto de fiscalización", concluyó. "Se atrincheran en las sombras antes de arrojar luz a estos escándalos, y eso demuestra que tienen miedo a algo", dijo tras la votación Alcaraz.