La juez del naufragio de Banyoles ha tomado declaración a ocho imputados

Josep Alsina, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, y Pere Roura, ingeniero técnico del Ayuntamiento de Banyoles, prestaron declaración ayer por la mañana, en calidad de imputados, ante la juez Montserrat Bastit, que instruye las diligencias por el naufragio de un catamarán turístico en el lago de esta localidad que costó la vida a 20 jubilados franceses. El cargo municipal de Alsina le hace responsable de la aplicación del reglamento de usos del estanque, que establece el pasaje máximo de las embarcaciones. La normativa municipal fue vulnerada por L"Oca, que cargó 140 pasajeros en lugar de los 80 que fija el reglamento. El ingeniero municipal, por su parte, debía comprobar que la embarcación cumpliera los requisitos técnicos estipulados en dicho reglamento, unas normas muy poco estrictas respecto a la navegabilidad y a la documentación exigida a las embarcaciones, lo que influía en el cambio paulatino de motores de gasóleo por los de tracción eléctrica. Con estas declaraciones se eleva a ocho el número de imputados en la causa que instruye el Juzgado número 7 de Girona. Los propietarios de la embarcación siniestrada, Simón Rodríguez y Bartomeu Gayolà, actualmente en libertad bajo fianza, son los únicos contra los que se han presentado cargos. Están acusados de 20 delitos de homicidio por imprudencia grave. Uno de sus empleados, Nyamanding Dumbuia, que vendía los billetes, también declaró como imputado. PASA A LA PÁGINA 5