Tierra de nadie

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Jerez ha emprendido una lucha sin cuartel contra los asentamientos ilegales en las cañadas y vías pecuarias del término municipal, uno de los de mayor extensión del territorio nacional, con casi 1.200 kilómetros cuadrados. El caso de la barriada rural de Gibalbín, ha vuelto a reabrir el debate sobre esta cuestión. En esta zona residen algo más de 800 vecinos repartidos en unas 300 viviendas. La gran mayoría de ellas son consideradas ilegales por los responsables urbanísticos del Ayuntamiento de Jerez. "No nos temblará el pulso a la hora de abrir expedientes", comentó recientemente el delegado de Urbanismo, José López. El Ayuntamiento de Jerez ha iniciado esta ofensiva después de llevar un buen número de años intentando derribar el chalé de Bertín Osborne. Pacheco no hubiera intentado nunca iniciar acciones urbanísticas contra zonas más deprimidas sin haber finalizado antes el proceso "con los poderosos". A pesar de todo, la casa de Sandra Domecq, ex mujer del presentador y cantante, se quedó en pie y sólo se pudo derribar el ático. José López, que ha instado en varias ocasiones a la Junta de Andalucía a que desafecte las cañadas, se ha convertido en blanco de las críticas de vecinos y representantes de las zonas afectadas. El duro enfrentamiento que mantiene estos días con el alcalde-delegado de Gibalbín, Juan Palma, ya se ha repetido con anterioridad cuando se iniciaron los expedientes de otras barriadas rurales como La Guareña o Las Pachecas. En casi todos los casos, los afectados han tachado de "injusta" la iniciativa del Ayuntamiento de Jerez. Los argumentos que esgrimen los propietarios de viviendas ilegales para hacer frente a la norma urbanística son su principal y única defensa: "Llevamos desde que llegamos aquí pagando el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) y el recibo del agua. ¿Cómo nos dicen ahora que esto no es legal?", comenta Diego, uno de los muchos hombres que en Gibalbín se dedica a trabajar en el campo cuando hay faena. "Esto ha estado aquí de toda la vida", dice una señora en el portal de su casa. Desde Gibalbín, su alcalde ha llegado a acusar al Ayuntamiento jerezano de crear una alarma innecesaria entre sus convecinos. Las multas que baraja la Gerencia Municipal de Urbanismo para este tipo de infracciones son de entre un millón y cinco millones de pesetas. Muchos han recibido ya "la carta". La práctica totalidad dice que no pagará una peseta. "Esto es una barriada rural, con gente en su mayoría de la tercera edad y con cinco o seis meses de trabajo al año como mucho", explica Juan Palma. Movilizaciones El caso de Gibalbín, el que ahora ocupa a la Gerencia Municipal de Urbanismo, se está tornando en uno de los más complicados de resolver. Los vecinos no descartan la elaboración de un calendario de movilizaciones y ya han tomado contacto con un abogado para llevar al consistorio de Jerez a los juzgados. Tratan de evitar a toda costa que, como ocurrió en otras ocasiones, los expedientes finalicen con una máquina excavadora derribando sus casas. Con casi toda probabilidad, será un juez el que finalmente decida si las casas de Gibalbín y las demás barriadas afectadas están o no en tierra de nadie.