La cúpula de ETA forzó el pacto PNV-HB porque estaba segura de que tenía "topos"

El convencimiento de que existían topos en la organización fue uno de los factores decisivos que empujaron a ETA a acelerar las conversaciones que mantenían PNV y HB para conseguir una tregua similar a la alcanzada en Irlanda del Norte. La desarticulación de comandos importantes, acompañada de detenciones de dirigentes etarras de primera fila como Julián Atxurra, Pototo; Agirre Lete, y Karpov, la contundente reacción popular tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco y el cierre del diario Egin determinaron también que llegase la declaración de alto el fuego.

El replanteamiento de estrategia en Herri Batasuna y el MNLV lo había apuntado en otoño del año pasado Rufino Etxeberria, entonces máximo dirigente de HB, cuando anunció que se iba a hacer una política de "construcción nacional". Etxeberria ingresó en prisión en diciembre último, junto con el resto de la Mesa Nacional de HB, pero poco antes había designado como sucesor a Arnaldo Otegi, el líder de Euskal Herritarrok que ha materializado el giro copernicano. La convicción de que la organización estaba "podrida" por la infiltración de topos que habían permitido a la Guardia Civil obtener los éxitos policiales logrados durante 1997 fue expuesta por José Javier Arizkuren, Kantauri, jefe de los comandos ETA, en cartas que fueron interceptadas la primavera pasada. Fue entonces cuando se decidió acelerar las conversaciones ya en marcha entre las fuerzas políticas vascas, fundamentalmente el PNV y HB. El objetivo de éstas era conseguir un "acuerdo nacional" que permitiera la declaración de una tregua. Aunque el debate interno sobre el uso de la violencia en el seno del MLNV venía de lejos, ETA le dio el empujón final y llegó a ofrecer garantías al PNV de su sinceridad transmitiéndole directamente que tenía prisa para llegar a acuerdos firmes. El 12 de septiembre, los partidos nacionalistas firmaron el Acuerdo de Lizarra y cuatro días más tarde ETA anunció la tregua indefinida.

El deterioro de ETA aceleró el alto el fuego

Después de comprobar que el encarcelamiento preventivo de la Mesa Nacional de HB había transcurrido ante la indiferencia social y que el pago de la fianza de 30 millones para que sus miembros salieran en libertad provisional había creado fuerte malestar interno, la dirección de ETA inició, en la primavera del año pasado, un proceso de consultas directas. Recibió en Francia, bajo rigurosas medidas de clandestinidad, a destacados personajes del entorno de la izquierda abertzale para contrastar sus opiniones sobre la situación. Inmersa en este debate interno, la organización, que pocos meses antes había perdido todo su aparato de logística con las detenciones de Julián Atxurra Egurola, Pototo (el 23 de julio de 1996), Juan María Insausti, Karpov (el 19 de noviembre de ese mismo año) y Juan Luis Agirre Lete, Isuntza (unos días más tarde), recibió pocos meses después el golpe policial más humillante de su historia: el rescate del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara en el inhumano zulo de Mondragón. Este hecho desencadenó el asesinato del concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco, cuyo eco internacional demostró a ETA que había rebasado la capacidad de aguante social.

La eclosión interna que estos acontecimientos produjeron dentro del MLNV comenzó a emerger en el otoño de 1997. La punta del iceberg fue la autocrítica que el entonces máximo responsable de HB, Rufi Etxeberria, realizó en octubre en Euskadi Irratia, la radio pública vasca en euskera. Anunció el comienzo de una nueva etapa en la que HB iba a fomentar la política de "construcción nacional" para buscar un acuerdo con el resto de fuerzas nacionalistas. ETA acababa de dar el giro estratégico y dejaba, por fin, emulando el proceso irlandés, la iniciativa política a HB para que negociara un acuerdo político nacionalista. La Mesa Nacional de HB que ingresó en diciembre de ese año en la cárcel lo hizo tras haber dejado el proceso en marcha. Etxeberria designó a Arnaldo Otegi como su sucesor y, tras recuperar el apoyo del abogado Iñigo Iruin, depurado tres años antes, pidió directamente al PNV, antes de ingresar en la prisión de Martutene, que negociara con la Mesa Nacional que les iba a suceder.

El PNV, sin embargo, no lo debía de tener tan claro entonces. El pasado 19 de enero, una delegación de dirigentes nacionalistas encabezada por su presidente, Xabier Arzalluz, se reunió en Bilbao con altos funcionarios franceses, a quienes transmitieron que el presidente del Gobierno, José María Aznar, estaba dispuesto a iniciar las vías de contacto necesarias para abrir un proceso de pacificación con el mundo abertzale.

El lehendakari, José Antonio Ardanza, acababa de perfilar su documento sobre pacificación, el llamado plan Ardanza, que propugnaba un "diálogo sin límites" entre todas las fuerzas políticas. Era su propuesta para aproximar a los dos extremos políticos, el PP y HB, en un foro único que abriera vías de diálogo hacia la paz.

El 23 de enero pasado, el jefe de los comandos ilegales de ETA, José Javier Arizkuren, Kantauri, logró zafarse de la férrea vigilancia a la que la policía francesa le estaba sometiendo desde un año antes, al escapar de noche por la parte trasera de su casa, una típica granja de la campiña francesa situada en el corazón de la región de Las Landas, al sur de Burdeos. Horas antes, la cadena Tele 5 había emitido en uno de sus informativos un reportaje según el cual el dirigente etarra llevaba meses controlado por la policía gala en una casa situada en la citada región, vecina al País Vasco francés, y a poco más de una hora de la frontera.

Kantauri está considerado el número 3 de ETA. Junto a Ignacio Gracia Arregi, Iñaki de Rentería, que representa el liderazgo de la ETA histórica, y Mikel Albisu, Antza, el responsable del aparato político, forma la actual troika dirigente. Él es el jefe militar, el que manda sobre los comandos ilegales (integrados por militantes fichados por la policía) y el responsable de su formación y abastecimiento. Desde su casa, situada en un estratégico lugar, partían los comandos hacia España, tras recibir en directo las instrucciones y el dinero. La vigilancia a Kantauri facilitó a la policía francesa una información valiosísima que se administró con inteligencia.

De estos meses datan las caídas sucesivas de los comandos de nueva formación que iban entrando en España: el Vizcaya, desarticulado en septiembre de 1997 en Bilbao tras un tiroteo con la Guardia Civil en el que murieron Salvador Gaztelumendi Gil y José Miguel Bustinza, los dos liberados (a sueldo de la organización); el Araba, en una operación realizada el 19 de marzo de 1998 por la Guardia Civil en Amorebieta, Bergara y Vitoria, con la detención en la capital alavesa de los liberados Iñaki Garcés y Aitor Bores; y, sólo dos días más tarde, el desestabilizador comando Andalucía compuesto por Teresa Pedrosa, José Luis Barrios, Txetxu, y Mikel Azurmendi, Ankas, además de los franceses Jean José Esnal y David Claude Christian Gramont, que iban a suministrarles armas y explosivos.

Los largos meses que duró el control de Kantauri habían proporcionado a los servicios policiales franceses una información privilegiada, que les permitió tener control sobre al menos seis cualificados dirigentes etarras. Pero a la luz de la experiencia de Bidart, en abril de 1992, año en el que la policía gala detuvo a tres direcciones consecutivas de ETA sin que ello significara el desmantelamiento de la organización, los responsables franceses cambiaron de táctica. En lugar de desmontar el aparato de la banda terrorista y detener a sus responsables conforme se conocía su paradero, los servicios franceses optaron por las "detenciones selectivas". "Las que van dejando hilos y pistas sobre la estructura de la organización", según han reconocido expertos antiterroristas.

La decisión no era baladí. Además de transmitir a sus colegas españoles la información sobre los comandos que iban entrando en España, la policía francesa optó en esta ocasión por hacer la guerra psicológica, fomentando el cansancio y la inseguridad en una estructura cada vez más clandestina y cerrada en sí misma. "Sabemos por sus propios documentos que cada vez que hay una detención están obligados a analizar y reestructurar todo el entorno del detenido. Cada caída de un dirigente, aunque sea un jefe intermedio, les desgasta mucho y les pone muy nerviosos, porque les entran grandes dudas sobre su seguridad y si están realmente infiltrados", afirman los mismos medios.

La policía francesa, antes de caer sobre la pista del jefe de los comandos ilegales, fue desmantelando el aparato logístico de la banda [el que suministra, armas, explosivos y dinero a los activistas] a lo largo de 1996, lo que le había permitido obtener la pista clave "bol" sobre la que la Guardia Civil trabajó para localizar el zulo en el que permaneció secuestrado Ortega Lara hasta el 1 de julio de 1997.

Aunque Kantauri escapó al cerco policial, la toma de conciencia de que el número 3, el responsable militar, había estado vigilado provocó el pánico en la dirección de ETA. Se apoderó de sus componentes el síndrome de la infiltración, propio de las organizaciones clandestinas en declive, que ya se había manifestado en julio de 1996, tras la detención del jefe de logística, Julián Atxurra, Pototo, en su granja de Lasseube, cerca de Pau. A ésta sucedieron las detenciones de Agirre Lete y Karpov de las que, posiblemente, se obtuvo la pista de Kantauri, además de facilitar las sucesivas caídas de los dos últimos años.

Entonces se encendió la primera luz roja en la cúpula etarra. Los informes judiciales realizados a raíz de estas detenciones, permiten constatar que el arresto de Pototo ya sembró en 1996 las dudas sobre la seguridad de la estructura interna. "En todos los documentos relativos a la desarticulación del aparato logístico que han hecho llegar a los abogados se percibe que viven perseguidos por la duda, se sienten infiltrados sin alcanzar a determinar cómo se han producido esas detenciones".

Kantauri: "Tenemos la organización agujereada; todo está podrido"

"Están bajo la paranoia de la infiltración de topos", afirman fuentes de la policía francesa. La huida de Kantauri recrudeció estas dudas. Documentos internos en los que los presos y militantes se intercambian impresiones y a los que han tenido acceso expertos antiterroristas del país vecino dan constancia de la alerta roja en la que se encontró ETA en ese momento. Toda la dirección se sentía vigilada y en las cartas interceptadas, fechadas en la pasada primavera, el propio Kantauri afirmaba: "Todo está podrido en la organización; la tenemos agujereada, totalmente infiltrada, a merced de los topos".

En esos momentos se abrió un debate en el seno de la dirección etarra en el que afloran las dos posiciones que cabe adoptar ante la situación: por un lado, incrementar la violencia de la vigente campaña de atentados contra ediles del PP, una dura estrategia destinada a "aproximar el conflicto a la sociedad", lo que, según expertos en terrorismo, equivale a "pedir una negociación a gritos". La otra era más directa: declarar una tregua para poner orden interno.

Paralelamente estaban teniendo lugar las conversaciones políticas entre HB y el PNV, iniciadas el 26 de febrero, con el fin de llegar a acuerdos entre ambas formaciones en materias como el euskera, la educación o la defensa de los presos. Se trataba de buscar "espacios parciales de distensión" para alcanzar, siguiendo el modelo irlandés, un gran acuerdo nacional que sirviera de marco a una posible declaración de tregua.

Estos contactos dieron sus primeros frutos: el Aberri Eguna celebrado conjuntamente el 22 de marzo por HB, ELA, LAB y las fuerzas nacionalistas vascofrancesas en la localidad de Saint Palais, o actividades públicas en favor de los presos, el colectivo más sensible para ETA, que protagonizaron sectores eclesiásticos -602 sacerdotes vasco-navarros firmaron el documento Abrir caminos para la paz, presentado en mayo en Gernika- para ayudar a que se profundizara en la distensión.

Pero la tradicional desconfianza de ETA hacia el PNV le llevó a comprobar la autenticidad de su apuesta. El 6 de mayo, ETA asesinó al concejal de UPN-PP de Pamplona Tomás Caballero y, dos días más tarde, al guardia civil retirado Alfonso Parada, en Vitoria. La organización terrorista ponía así a prueba la firmeza del compromiso adquirido por los peneuvistas al iniciar las conversaciones y la capacidad de éstos para soportar la presión social que generan los asesinatos de ETA.

Mientras el PNV aguantaba esta sangrienta prueba y avanzaba en los acuerdos con HB -el peneuvista José Antonio Rubalkaba viaja a Estrasburgo a denunciar la dispersión de los presos en nombre del Parlamento vasco, por ejemplo-, las fuerzas de seguridad y el juez Baltasar Garzón asestaron uno de los golpes más sutiles a la izquierda abertzale, al tratar de desactivar su entramado financiero a través de las irregularidades investigadas en algunas de sus empresas. La dirección de ETA sabe mejor que nadie de la envergadura de este golpe en el que resultó detenido José Antonio Etxeberría, considerado el cerebro del puzzle empresarial abertzale. De este ovillo, el juez Baltasar Garzón extraería el hilo que le permitió el cierre cautelar del diario Egin dos meses más tarde.

Un torbellino de acontecimientos se produce a finales de mayo. ETA tiene que soportar una nueva caída: la detención en Gernika, el 5 de junio, por parte de la Ertzaintza del nuevo comando Vizcaya, en una operación en la que muere su militante Ignacia Zeberio. Ello no impidió que prosiguieran las conversaciones secretas entre el PNV y HB, fruto de las cuales se plasmaron los acuerdos puntuales en el Parlamento vasco sobre la denuncia de la dispersión de los presos, la Ley del Deporte, el condado de Treviño o el rechazo al acatamiento de la Constitución que los socialistas e IU quisieron introducir en el frustrado nuevo Reglamento de la Cámara vasca.

En medio de esta vorágine se produjo un contacto directo entre la dirección de ETA y responsables del PNV. Presionados por la delicada situación en que se encontraba su estructura, la dirección etarra metió prisa a sus interlocutores -una delegación reducida a dos de los tres dirigentes que estaban manteniendo las conversaciones con HB-, para llegar a aprobar acuerdos puntuales en el Parlamento. A la vez, ofrecieron garantías de que en el seno de ETA estaba tomando cuerpo la línea partidaria de declarar una tregua que frenara el retroceso del nacionalismo y el acoso policial. En ETA y KAS había prendido la idea de que era la hora de "hacer política", para lo que era imprescindible el cese de las armas y la declaración de tregua.

Cerca de esas fechas, el 18 de junio, la delegación del PNV, con Arzalluz a la cabeza, se reunió nuevamente con los altos funcionarios franceses con los que había contactado en enero. En este encuentro, los franceses quedaron sorprendidos por el cambio radical del discurso de los peneuvistas. Ya no planteaban un marco en el que el estuvieran presentes todas las fuerzas políticas. El PNV defendía que la solución para lograr la paz debía buscarse entre los propios vascos y confirmaron que el diálogo ya se estaba produciendo entre las fuerzas nacionalistas. La delegación francesa vio también que la muerte de la etarra Zeberio no había deteriorado la relación que mantenían PNV y HB. "Pudieron comprobar que el PNV había dado la espalda a Madrid y trataba directamente con ETA", afirman fuentes cercanas a los interlocutores.

A la vez que en el Parlamento vasco se consolidan los acuerdos entre nacionalistas que desencadenaron la salida del PSE del Gobierno de Ardanza, la posibilidad de declarar una tregua iba adquiriendo cuerpo en la dirección de HB. El 25 de junio, sin embargo, un grupo del comando Donosti asesinó al concejal del PP de Rentería Manuel Zamarreño, sustituto de José Luis Caso, también asesinado. Este crimen fue inicialmente interpretado como la obligada respuesta de ETA a la muerte de su militante Ignacia Zeberio, 20 días antes en Gernika. Pero causó un profundo malestar en el sector de la izquierda abertzale implicado en el proceso de conversaciones con el PNV. Fue considerado "un error" y desde el ámbito de HB se enviaron firmes protestas a la dirección de ETA. Era otro ejemplo de que, con la violencia, ETA interfería en la dinámica política.

Fuentes internas del entorno de la izquierda abertzale precisan que este asesinato se produjo en un momento clave: cuando la decisión de declarar una tregua estaba tomando cuerpo en la dirección de ETA, pero no había sido aún transmitida a los comandos, que seguían teniendo vigentes las instrucciones de mantener la campaña contra el PP. Después de este asesinato, que evidenció una vez más que la violencia etarra era cada vez peor recibida por la sociedad y acarreaba un fuerte desgaste al nacionalismo, los dirigentes de ETA acordaron cesar los asesinatos. Era principios de julio.

Sólo el cierre judicial de Egin, ocurrido el 15 de julio, pudo poner en peligro esta decisión. Pero ETA, que acababa de dar aquel paso trascendental, superó la prueba. "A más represión, más política", fue la respuesta oficial de los dirigentes abertzales. Desde ese momento, todo el aparato interno de KAS se movilizó para transmitir la decisión a los cuadros y a la militancia, que desconocían la nueva situación. En agosto se inició el proceso de "adecuación" a la nueva etapa. El aparato de la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS), donde se concentra el sector más duro afín a Jarrai, el que ha tenido todo el protagonismo y el poder durante la etapa ahora clausurada, se resistió a dar este giro copernicano hacia la moderación. Pero la decisión fue imparable. La Mesa Nacional de HB consiguió realizar su reconversión en Euskal Herritarrok sin cuestionamientos internos, por aclamación, pese a incorporar en las listas a muchos de los dirigentes o simpatizantes expulsados años atrás.

En medios de HB se asegura que, aunque la dirección de ETA decidió la tregua a principios de julio, no llegó a concretar cuál iba a ser su alcance. Fue Kantauri quien tuvo que comunicar el inicio de esta etapa a los comandos y a los delegados de los deportados en América y África, que hicieron de correo viajando a Bélgica, el nuevo centro de operaciones que ETA ha montado en Europa y que está protegiendo el proceso de reconversión actual. Sólo después de haber informado a sus militantes sobre la nueva etapa, la dirección de ETA decidió que la tregua sería "indefinida", dejando la puerta abierta a su conversión en "definitiva".

Días antes de la firma del Acuerdo de Lizarra, el 12 de septiembre, que precedió en cuatro días a la publicación del comunicado en el que ETA dio a conocer su alto al fuego indefinido, entre la militancia de base de HB se esperaba que ETA declarara una tregua de seis meses o un año de duración. Este dato explicaría que el alcance de esta decisión fuera conocida anticipadamente por muy pocos. Pero Otegi ya debía saberlo el 1 de septiembre cuando, para convencer a una dubitativa asamblea de 800 militantes de HB sobre las ventajas de reconvertirse en EH, les persuadió: "No os preocupéis, HB nunca condenará la lucha armada de ETA". Sabía que no iba a ser necesario.