Bruselas obliga a Cárnicas Molina a devolver casi 9.000 millones

La Comisión Europea acordó ayer considerar ayudas ilegales los casi 9.000 millones de pesetas recibidos en los últimos años por la empresa jiennense del sector cárnico Hijos de Andrés Molina (en la actualidad denominada Cárnicas Molina), que ahora está controlada por la Junta de Andalucía.Esa cantidad debe ser devuelta por la empresa, que corre el riesgo de entrar técnicamente en quiebra y dejar sin empleo a sus más de 450 trabajadores.

Las ayudas deben ser devueltas mayoritariamente al Instituto de Fomento de Andalucía, un organismo público que entre junio de 1993 y mayo de 1997 concedió al grupo cárnico ayudas en forma de garantía por un valor total de 1.571 millones de pesetas y préstamos entre agosto de 1993 y octubre de 1996 por 6.090 millones de pesetas.

El resto son ayudas recibidas en forma de condonación de deudas por organismos oficiales, entre ellos la Seguridad Social (casi 790 millones de pesetas), el Ayuntamiento de Jaén (158 millones) y la Junta de Andalucía (69 millones de pesetas).

A raíz de la decisión adoptada por la Comisión, el Gobierno español debe rescindir los contratos de los préstamos y revocar las garantías anteriores que todavía están vigentes, según una nota hecha pública ayer por Bruselas.

España, insiste la Comisión Europea, debe adoptar las medidas necesarias para recuperar, por vía de cobro, todas las ayudas consideradas ilegales. En el caso de las garantías, el importe resultante de la diferencia entre el tipo de interés acordado y el tipo normal del mercado de los préstamos. Y en el caso de los préstamos, las garantías ejecutadas y las condonaciones de deudas hasta el 100% de los importes.

Reacción política y social

El presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), Salvador Durbán, advirtió ayer a las autoridades europeas que la decisión de declarar ilegales las ayudas a Cárnicas Molina pondrá en "dificultades y creará problemas" a dicha empresa, informa .Responsables del IFA mantendrán hoy un encuentro con la plantilla en un intento de buscar una salida "legal", según indicó el viceconsejero de Trabajo de la Junta andaluza, Antonio Fernández. La solución podría pasar por utilizar los activos de la compañía, entre 3.000 y 4.000 millones, para el abono de los salarios. De no ser así, la Junta de Andalucía tendría que plantearse medidas drásticas que incluirían la suspensión de contratos.

En Jaén, las centrales sindicales lanzaron una llamada a la tranquilidad hasta ver qué sucede tras la reunión con los representantes de la Junta andaluza.

El secretario general de Empleo, Manuel Pimentel, afirmó que no descarta recurrir ante el Tribunal de Luxemburgo la decisión de la Comisión Europea, en caso de que no haya una salida al conflicto.