EL MODELO DE ESTADO Desde Andalucía por la paz

Nunca, en estos años largos de desarrollo autonómico, se había producido un grado tal de desconcierto, confusión y desorden. Un Gobierno que ha rechazado despectiva y sistemáticamente nuestra colaboración y que ha pactado su política autonómica con unos -los nacionalistas- contra otros -los socialistas- se ha visto sorprendido por sus propios socios, en una escalada reivindicativa. El acuerdo de financiación de las CCAA, la renovación del Concierto Vasco con capacidad normativa fiscal plena y sucesivos acuerdos económicos con los nacionalistas catalanes o vascos o canarios, han provocado un creciente sentimiento de agravio y una seria amenaza de emulación nacionalista en la mayoría de las comunidades autónomas. Curiosamente, los únicos beneficiarios de esta política formalizan una alianza, al margen del PP, y acuerdan un programa nacionalista radical. Pocos días después, como prolegómeno de la tregua de ETA y con la aprobación previa y expresa de la banda terrorista, los partidos nacionalistas del País Vasco, PNV, EA y HB, junto a IU, suscriben el llamado Acuerdo de Estella que les compromete a defender un nuevo marco jurídico para Euskadi basado en la autodeterminación. La última semana de septiembre, desde el Parlamento de Cataluña se reclama la autodeterminación y el presidente Pujol nos informa de que estamos en una nueva fase constituyente. La política del PP en esta materia es un fracaso absoluto. Sus apelaciones a la estabilidad del Gobierno y sus llamadas a la calma resultan patética muestra de su desorientación, de su falta de pulso, de su cortoplacismo. No tienen un proyecto para España. Hay que profundizar en el Estado constitucional y autonómico. Un Estado en el que la Constitución garantiza los derechos y libertades individuales, el imperio de la Ley, la división e independencia de poderes, la democracia parlamentaria, la primacía del interés general, la solidaridad interregional, el autogobierno de nuestras nacionalidades y regiones y la soberanía nacional. Creemos en ese Estado autonómico y plurinacional de la misma manera que lo hacemos y defendemos la Nación española. Creemos en un Estado que asegura la cohesión entre nuestros pueblos y comunidades, que garantiza la igualdad de derechos básicos de todos los españoles. Dicho en términos más claros, nacer en una u otra comunidad no puede suponer tener distintas oportunidades de educación o salud. Con una frivolidad preocupante, España entera debate hoy la reforma constitucional como consecuencia de la tregua de ETA. Nuestra Ley de Leyes tiene mecanismos previstos para una reforma, pero antes de acometer ninguna no podemos olvidar dos condiciones básicas: que se cumplan las normas previstas para la reforma, y que el consenso obtenido en 1978 no se vea perturbado o reducido. Si somos un país serio haremos las cosas así. De otra manera entraremos en un peligrosísimo camino de vertebración y descohesión interna. No aceptamos un proyecto de ruptura de nuestro modelo de Estado hacia una propuesta confederal o autodeterminista: el desarrollo autonómico producido en estos 20 años nos ha colocado a la cabeza de la descentralización política del mundo. Probablemente no hay ningún país en el mundo que haya delegado mayores cuotas de poder que los que tiene, por ejemplo, el País Vasco hoy. Además, la España autonómica de 1998 está configurada por 17 comunidades autónomas. A diferencia de hace 20 años, han surgido sentimientos de autogobierno y aspiraciones políticas identitarias, con legitimaciones y razonamientos semejantes a los llamados nacionalismos históricos. No aceptaremos desde Andalucía que la victoria alcanzada en el referéndum del 28 de febrero de 1980 quede en papel mojado. No aceptaremos ser una comunidad de segunda división. Es posible un diálogo sereno y riguroso porque nuestro marco actual de desarrollo autonómico y local admite reformas en una perspectiva federal. Un federalismo que, reconociendo los hechos diferenciales, mantenga los elementos de cohesión y solidaridad interterritorial que garanticen derechos básicos iguales para todos. Pero, por favor, no mezclemos este debate con las condiciones de la paz. La paz no tiene precio. La democracia no está en juego y el debate autonómico y territorial debe seguir su propia dinámica porque la agenda política de España no la pueden marcar los terroristas, sino los demócratas.

José Caballos es portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía.