El Tribunal de Cuentas estudiará otra vez la venta de la funeraria

El Tribunal de Cuentas estudiará por segunda vez la polémica venta, en 1992, del 49% de la funeraria municipal a la empresa privada Funespaña. La comisión mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas aprobó ayer, por unanimidad, una propuesta de IU que insta a los auditores públicos a que profundicen en su primer informe. El objetivo de la propuesta, presentada por la diputada de IU y candidata a alcaldesa, Inés Sabanés, es que se determine con mayor claridad si hubo irregularidades en el proceso y, en este caso, que se especifique quiénes fueron los responsables de aquellas.

En junio, el presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, compareció ante esta comisión. A la luz del primer informe, consideró "injustificada" y poco clara" esta privatización. Nieto consideró que no existían informes "que avalaran que la privatización era la forma idónea de mejorar la gestión".

El 49% de la funeraria municipal fue vendida a Funespaña, una de las tres empresas que se presentaron al concurso, por 200 millones de pesetas, "un 86% menos que el precio de licitación fijado previamente por el municipio", según relata el Tribunal de Cuentas.

Juan Barranco, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, destacó la contradicción que supone que el PP votara ayer a favor de la proposición de IU "y en el Ayuntamiento no se haya querido nunca investigar este asunto sospechoso". "Los diputados del PP en el Congreso han desautorizado a sus compañeros concejales en el Ayuntamiento, que nunca han querido llegar al fondo de esta cuestión", añadió Barranco.

"Fantasmas"

El concejal de Salud, Simón Viñals, contraatacó ayer la crítica de Barranco. "Si el Tribunal de Cuentas solicita al Ayuntamiento más datos sobre la privatización, el municipio se los proporcionará, tal y como ha hecho siempre, en aras de la transparencia", señaló el edil a Europa Press. "Barranco ve fantasmas en este asunto de la privatización y está en su derecho de seguir investigando, pero el equipo de Gobierno no tiene ninguna duda al respecto de la legalidad de la operación", añadió.El presidente del Tribunal de Cuentas, en su comparecencia de junio, señaló: "El pliego de condiciones del concurso estaba poco claro. Considerando toda la imprecisión del proceso, no se puede saber qué oferta de las tres presentadas era la más ventajosa para el Ayuntamiento".

Otro de los puntos polémicos de esta privatización es la supuesta condonación de una deuda de 2.275 millones de pesetas que mantenía la funeraria municipal con el Ayuntamiento por impago de sueldos. El Tribunal de Cuentas concluyó en junio que este dinero, tras la privatización, "sería exigible por el Ayuntamiento" a la empresa Funespaña. El concejal de Hacienda, Pedro Bujidos, ha repetido que esta deuda "se cobrará".