La Delegación del Gobierno llevará ante el juez a los que porten navajas ilegales

La puñalada en el corazón que segó la vida del estudiante Eduardo Abad, de 21 años, en la madrugada del pasado domingo, ha reabierto el debate sobre la forma de atajar la tenencia ilegal de armas blancas en la calle. El delegado del Gobierno en Madrid, Pedro Núñez Morgades, anunció ayer que, en lo sucesivo, las personas que porten armas blancas prohibidas (las automáticas y las de hoja superior a 11 centímetros) serán detenidas y puestas a disposición judicial. "Es una medida disuasoria que pienso aplicar. Para hacerlo, he pedido un informe al abogado del Estado y consultaré al juez decano", explicó ayer Núñez Morgades. La delegación tendrá que redactar una circular para que los policías cambien su modo de actuar.Hasta ahora, los agentes se limitaban a la sanción administrativa (decomiso del arma blanca y propuesta de sanción, que podía ascender hasta las 250.000 pesetas). Pero el asunto nunca llegaba a los tribunales, a pesar de que el nuevo Código Penal tipifica como delictiva la tenencia de "armas prohibidas" y establece castigos que pueden llegar hasta los tres años de cárcel.

La nueva postura en este asunto de la Delegación del Gobierno se produce tras la alarma social desatada por el crimen de Eduardo Abad, hijo de un coronel de la Guardia Civil, que el domingo murió desangrado junto a la calle de Génova tras recibir una cuchillada. La agresión se produjo momentos después de que Eduardo, que esperaba un taxi en compañía de tres amigos, recriminase el exceso de velocidad de un vehículo (un Renault 19 de color azul) que estuvo a punto de arrollarlo. Dos de los ocupantes del coche se bajaron. Uno de ellos agredió de muerte a Eduardo Abad y el otro persiguió a sus amigos. El conductor del Renault 19 se dio a la fuga sin esperar a sus acompañantes que escaparon hacia Colón.

Esteban Ibarra, portavoz del Movimiento contra la Intolerancia, exigió a Núñez Morgades "mayor prevención y severidad" en el control de armas blancas. "No entiendo por qué la policía se ha limitado hasta ahora a imponer sanciones administrativas, obviando el Código Penal, que claramente tipifica este hecho como delictivo", señaló Ibarra. Cuatro magistrados de la Audiencia Provincial consultados ayer por EL PAÍS coinciden en que portar una navaja de grandes dimensiones es un delito. Y la policía puede detener a quien la lleve y conducirlo al juzgado. Se basan en el artículo 563 del Código Penal: "La tenencia de armas prohibidas y las de aquellas que sean resultado de la modificación sustancial de las características de fabricación de armas reglamentadas será castigada con la pena de prisión de uno a tres años". PASA A LA PÁGINA 3

Juicios por armas blancas