Buscadores de rentas
SEGUNDO BRU Hace ya tiempo que la economía, en sus intentos de ampliar el campo que tradicionalmente se ha entendido como propio de sus investigaciones, circunscritas al estudio de los mecanismos de mercado, hacia el análisis de los procesos de asignación de recursos y redistribución del ingreso situados en ámbitos no mercantiles, fundamentalmente los políticos, estableció el concepto de rent seeking, de la búsqueda de rentas, en traducción doblemente afortunada por las reminiscencias barojianas que encierra el vocablo "busca". La búsqueda de rentas, en términos muy simples, hace referencia a los ingresos que pueden obtenerse, al margen del mercado, empleando tiempo y esfuerzo en aprovechar los recovecos, los intersticios que la compleja realidad administrativa en forma de regulaciones, de concesiones de licencias, de ayudas o subvenciones, e incluso el propio proceso legislativo y el de toma de decisiones políticas, ofrece al avispado buscador. Que puede ser un colegio profesional, un empresario de ITV, un benemérito farmacéutico, un amable taxista, o un político corrupto (y su corruptor) que establecen -soborno mediante- si una discoteca, un bingo, o un determinado tipo de máquinas tragaperras van o no a tener licencia. Lo único que tienen en común todos estos casos es que existe por medio algún tipo de norma o decisión pública que les garantiza unas rentas más elevadas de las que obtendrían en su ausencia y que para conseguirla ha sido preciso un esfuerzo, personal o colectivo, actual o histórico, de búsqueda de rentas. Aunque sea evidente, me interesa destacar que no toda búsqueda de rentas, ni mucho menos, es perversa, inmoral o implica corrupción, pero sí sostengo que todas son ineficientes y que todos los escándalos de corrupción que nos han afligido, y los que vendrán, tienen su origen en algunas de ellas. Hablando de búsqueda de rentas y de escándalos, hace seis meses me refería en esta columna al informe del Tribunal de Cuentas sobre los cursos de formación impartidos por la Confederación Empresarial Valenciana, con fondos públicos nacionales y europeos, en el que se enumeraban un cúmulo de anomalías -facturas duplicadas, cobros indebidos a alumnos por cursos gratuitos, dobles subvenciones, entre otras- que le llevaban a reclamar a la patronal la devolución de más de 158 millones de pesetas, cifra que actualmente ha sido elevada a 191 millones, junto con la remisión a la fiscalía, con indicios delictivos, de la actuación del anterior presidente, José María Jiménez de Laiglesia, y de su secretario general, Luis Espinosa. Una triste noticia, personal e institucional, ante la que formulo mi deseo de que puedan salir indemnes judicialmente, aunque bueno sería que Jiménez de Laiglesia aprovechara este amargo trance para meditar sobre todas las barbaridades destempladas que sobre la administración, la gestión pública y los políticos profirió durante su mandato. Y un ruego a la CEOE: cesen fulminantemente, por metafórica apología del delito, a un señor como su secretario, Jiménez Aguilar, que estima que el escamoteo de estos millones, a los que hay que añadir los 119 que le imputan directamente a ella, es una "desviación mínima", sobre 70.000 gestionados. Con esa regla de tres, el presidente de la Generalitat podría hacer desaparecer más de 2.800 millones, una desviación igualmente "mínima" sobre nuestro presupuesto.
