El PP de Alicante alega ahora que el alquiler firmado por el edil de Cultura era un borrador

El Ayuntamiento de Alicante acogió ayer un tenso debate que sirvió para casi todo menos para lo que fue convocado: despejar las dudas en torno al polémico contrato de arrendamiento de un local destinado a sala municipal de exposiciones, por 350.000 pesetas mensuales más impuestos. El concejal de Cultura, Pedro Romero, firmó el contrato sin contar con la preceptiva aprobación de la comisión de Gobierno, y por un importe muy superior a las 195.000 pesetas mensuales que aconsejaban los técnicos. Mientras Romero declaró que ese documento no era más que "un borrador" sin validez alguna hasta conseguir el visto bueno del órgano competente, la oposición insistió en calificar las gestiones de "chapuceras" e "irregulares", encaminadas a beneficiar al propietario del local.

El propietario del local es un ginecólogo al que se le presuponen lazos de amistad con el edil, y que revocó el contrato cuando se desató la polémica. La comparecencia ante el pleno del concejal de Cultura para dar cuenta del expediente administrativo que desembocó en el contrato de arrendamiento, acabó con solicitud de dimisiones, gritos, insultos, cruce de acusaciones, introducción en el debate de casos similares registrados en épocas pasadas y amenazas de acudir a los tribunales para salvaguardar el honor. Al final, el público abandonó el salón de plenos sin saber con exactitud si el contrato ya revocado, que también investiga la fiscalía, era legal. Aunque el grueso del debate recayó sobre sus espaldas, Pedro Romero no estuvo solo frente a la oposición. El alcalde, Luis Díaz Alperi, salió en su defensa cuando más apretaban las críticas, y para despejar algunas dudas de corte legalista fue preciso que intervinieran incluso el secretario general y el interventor del Ayuntamiento. El edil llevaba escritas las respuestas a la casi veintena de preguntas formuladas con anterioridad, también por escrito, y no se salió ni un ápice del guión salvo para poner en marcha el ventilador y enumerar una serie de contratos de arrendamiento tramitados por la anterior administración socialista, en su opinión plagados de irregularidades. Farragoso en su conjunto, el debate plenario exigía disponer de dotes de taquígrafo para anotar fechas importantes en el proceso seguido para completar el expediente. Así, documentos incluidos en el legajo demuestran que el actual propietario adquirió el local después de que la Concejalía de Cultura se interesara por él, en marzo, y realizó exactamente las obras que un informe municipal de índole interno aconsejaban para habilitarlo como sala de exposiciones. La guinda fue llegar a la firma, por espacio de 10 años, sin conocimiento del órgano competente. La presión de la oposición al descubrir estas circunstancias forzó la revocación del contrato a instancia del propio propietario del inmueble. El Ayuntamiento no llegó a pagar una peseta por el alquiler, y ahora ha reiniciado la búsqueda de locales para habilitar una sala de exposiciones.