Un juez no ve delito en la advertencia de Gil a un tránsfuga si votaba en contra

El titular del Juzgado número 4 de Marbella, Antonio Navas, considera "un proceder políticamente incorrecto" que el concejal tránsfuga del GIL Carlos Fernández vote en contra del grupo de Jesús Gil, en el auto que archiva las diligencias previas por un presunto delito contra el ejercicio de los derechos cívicos denunciado por el edil. Navas entiende que la advertencia de Gil de exigirle a Fernández una indemnización de 100 millones si votaba siempre en contra "no puede constituir un delito o falta de amenazas".

El antiguo edil del GIL -a quien el gobierno local destituyó de la delegación de Deportes y expulsó de su grupo por una presunta malversación de caudales públicos- acusó al alcalde de exigirle dicha indemnización si votaba en su contra. El juez considera que el GIL no interfirió en los derechos cívicos del concejal, al no "impedir" a Fernández que continúe como edil (ahora en el grupo mixto) y votar libremente. El magistrado señala que en el primer pleno que se celebró tras la destitución de Fernández, éste votó "libremente en relación a las distintas propuestas presentadas por el equipo de gobierno, unas veces a favor, otras en contra y absteniéndose", según la certificación del acta. Navas recuerda que, al margen de una posible nulidad de la destitución por la argumentada falta de motivación, el cese de concejales es facultad del alcalde. El juez señala que la advertencia del Gil de que "de votarse sistemáticamente en contra", lo que es condiderado "políticamente incorrecto", acudiría a los tribunales, "no sólo puede catalogarse como legítima, sino que además no puede considerarse como un mal injusto". "Sobre todo -dice el juez- si tenemos en cuenta que tal posibilidad fue admitida expresamente por el propio denunciante cuando rubricó por escrito su compromiso con el partido o grupo con el cual se presentó a las elecciones". Gil sostiene que con este auto "se desmontan" todos los argumentos formulados por Fernández, y que la denuncia sólo tenía por objeto "la distracción del asunto fundamental por el que fue despedido del GIL", para pedirle al edil que "aparezca el dinero que falta y está sin justificar". El ex concejal calificó la defensa de Gil de artimaña judicial, al denunciar que el juez instructor no pudo ver el documento por el que se le exigen los 100 millones.