El PP suspende de militancia a su alcalde condenado de Quijorna

Los ladrillos han terminado aplastando al alcalde de Quijorna (950 habitantes), Florentino Serrano, promotor inmobiliario de profesión. Su partido, el PP, le ha suspendido cautelarmente de militancia y le ha pedido que abandone la alcaldía al haber sido condenado, por apropiación indebida de 1,5 millones de pesetas, a una pena de un mes y un día. Es la primera vez que el PP, en los últimos años, suspende a uno de sus alcaldes y le reclama el bastón de mando a causa de una decisión judicial no firme. Serrano dudaba ayer sobre si debía dimitir: "Lo tengo que consultar con mis ediles".La condena tiene su origen en que Serrano no devolvió una fianza de un millón y medio de pesetas a uno de sus clientes. "Cuando el partido me llamó para que explicase qué estaba pasando, les dije que ya había devuelto la fianza. Todo está liquidado. No entiendo qué tienen que ver mis negocios privados con la gestión municipal", dijo.

El regidor asegura que su suspensión de militancia "ha sido promovida por la oposición". Florentino Serrano denuncia que le acosan sus contrincantes políticos. "Me han obligado a cerrar mi oficina de Majadahonda, un negocio de 15 años, y el PP ha entrado a este juego", añadió. Su gestión se envolvió en la polémica cuando dio a conocer sus planes urbanísticos para recalificar suelo para más de 1.400 viviendas nuevas. La situación se volvió más tensa cuando propuso recalificar una parte del pueblo para compensar a unos constructores que tenían derechos sobre la dehesa municipal. La oposición (independientes) denunció que sólo pretendía beneficiar a sus amigos. El alcalde replicó que deseaba recuperar la dehesa.

El embrollo aumentó cuando se puso sueldo (2,4 millones), algo a lo que no estaban acostumbrados los vecinos. La polémica llegó también a la Asamblea. Los portavoces de IU y el PSOE le calificaron de "bárbaro caciquil" que vulneraba "todas las normas habidas y por haber". Serrano mantiene que sólo ha desarrollado las normas urbanísticas de 1995, aprobadas por el Gobierno de Joaquín Leguina.