La conexión navarra

EL EX presidente socialista de Navarra Gabriel Urralburu fue condenado ayer a 11 años de cárcel acusado de cohecho continuado y fraude fiscal. La sentencia considera probado que Urralburu y su consejero de Obras Públicas, Antonio Aragón, junto con las esposas de ambos, el ex director de la Guardia Civil Luis Roldán y el testaferro de todos ellos, Jorge Esparza, se concertaron para repartirse el dinero ilegalmente obtenido de varias constructoras en concepto de comisiones por la adjudicación de obras públicas.Hace dos años, en una de sus últimas entrevistas como presidente del Gobierno, Felipe González confesaba que cuando aparecieron las primeras noticias sobre esa derivación del caso Roldán se habría dejado "atravesar por un cuchillo" antes de creer que Urralburu era un corrupto. Seguramente muchos socialistas, incluso algunos que nunca se fiaron de Roldán, por ejemplo, habrían compartido con González esa incredulidad inicial. Mejor dicho, esa credulidad hacia la palabra de honor empeñada por Urralburu cuando proclamaba su inocencia ante los primeros indicios que le vinculaban con los negocios de Roldán a través del testaferro Esparza. Muchos socialistas han reconocido que el caso de Urralburu, que desde la presidencia de Navarra montó un negocio de enriquecimiento personal, es el que más depresión les ha producido por tratarse inequívocamente de uno de los suyos.

La primera reacción de los corruptos, en Italia como en España, suele ser siempre la de la dignidad ofendida: ¿cómo pueden pensar eso de mí? Luego viene la incredulidad: no es posible que esto me esté pasando a mí. El desenlace suele ser el deseo desesperado de dar marcha atrás. Ése ha sido el recorrido de Antonio Aragón, por ejemplo, que en mitad del juicio corrigió parcialmente sus declaraciones anteriores para reconocer entre sollozos que había aceptado regalos en metálico de las constructoras, y pidió perdón por ello. En el caso de Urralburu, sin embargo, no se ha apreciado signo alguno de arrepentimiento y únicamente sorprendió que acusara de todo el manejo a su mujer. Sin duda, como una argucia procesal destinada a difuminar la relación entre su cargo público y las comisiones por él cobradas. El tribunal ha rechazado esa añagaza y considera probado que fueron el ex presidente de Navarra y los otros miembros de la trama los destinatarios de los más de 700 millones de pesetas pagados por ocho constructoras a modo de comisiones ilegales. Lo más repugnante de todo el asunto es la utilización del terrorismo como pretexto: como coartada moral, justificando con la amenaza de ETA la opacidad de las cuentas y la trama financiera montada por el testaferro (tal vez el personaje más increíble de todos); pero también como coartada material, para cobrar comisiones en relación con la seguridad de las obras de la autovía de Leizarán, por ejemplo.

Frente a esa falta de vergüenza, hay que felicitarse porque se haya hecho justicia y porque se haya demostrado que las instituciones deben funcionar con arreglo a un criterio de desconfianza democrática: lo contrario a la credulidad.