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El Ayuntamiento ordena la demolición del chalé del ex director de Interior

J. Ernesto Ayala-Dip

El departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, que dirige el concejal del PP José Ramón García, ha tramitado el decreto de demolición de las obras de ampliación del chalé del ex director general de Interior de la Generalitat, José López Garrido, ejecutadas sin licencia y violando las ordenanzas municipales. De momento, la institución no ha recibido el acuse de recibo de la comunicación, documento fechado a partir del cual comienza a contar el plazo legal establecido para que el afectado ejecute la demolición. En caso contrario, una brigada municipal se haría cargo de ese trabajo, y el Ayuntamiento cobraría a López Garrido el coste de la operación. Fuentes municipales informaron que el departamento de Urbanismo ha recibido un escrito del ex director general en el que comunica su intención de presentar un interdicto. El contencioso podría paralizar la demolición hasta que el caso quede definitivamente resuelto en los tribunales.

López Garrido intenta que los jueces impidan el derribo de su chalé

Los jueces tendrán ahora que decidir si amparan al demandante o antepone la decisión de las autoridades, en cuyo caso la ampliación del chalé sería demolida sin necesidad de resolver con anterioridad el contencioso. Las mismas fuentes apuntaron que lo habitual en estos casos es que se respete la edificación, que no lesiona intereses de terceros, para evitar daños irremediables en caso de que al reclamante le asistiera el derecho. En ese caso, el equipo de gobierno del PP ha decidido actuar como tiene por costumbre y solicitar al juez que ordene el cumplimiento del decreto independientemente del resultado del proceso. El Ayuntamiento decretó en abril que las obras del chalé de José López Garrido eran ilegales. La vivienda, sita en la partida rural de El Moralet, en el extrarradio de la ciudad, se amplió sin previa licencia municipal y vulnerando las normas urbanísticas de la ciudad. En la misma situación se encuentran cientos de edificaciones diseminadas por el término municipal, según reconocen las autoridades locales. El departamento de Obras Particulares rechazó las alegaciones de Garrido, que semanas después del dictamen definitivo de Urbanismo presentó su dimisión como director general para poder ejercer sus derechos ciudadanos por vía judicial. Apostó por su chalé frente al cargo público que desempeñaba en la Generalitat.

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