Aguas de Valencia cierra el semestre con 358 millones de beneficio neto

El grupo Aguas de Valencia ha cerrado el primer semestre del año con un beneficio neto consolidado de 358 millones de pesetas, 150 millones más que en el mismo periodo del año anterior. El grupo, compuesto por otras siete sociedades además de la principal, Aguas de Valencia, consiguió hasta junio una cifra de negocio de 5.000 millones. Esta mejora de los resultados se produce dos semanas después de que los principales socios hayan roto las negociaciones que mantenían para reestructurar el accionariado de la sociedad.

Los beneficios consolidados del grupo durante el primer semestre del año han crecido por encima del 70% en relación al mismo periodo de 1997. El resultado atribuido a la sociedad dominante ha sido de 352 millones de pesetas. La cifra de negocio en los seis primeros meses del año asciende a 5.000 millones de pesetas, mientras el resultado neto de explotación consolidado se sitúa en 554 millones de pesetas frente a los 279 obtenidos en los seis primeros meses de 1997. El activo del grupo ascendía el pasado 30 de junio a 18.632 millones de pesetas, con un aumento cercano a los 1.200 millones de pesetas sobre el primer semestre del año pasado. El grupo Aguas de Valencia lo componen en la actualidad las sociedades Omnium Ibérico, Empresa General de Servicios Públicos Urbanos, Sociedad Española de Abastecimientos, Vanagua y Daguas. La actividad principal de todas estas compañías es el abastecimiento de agua y el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. En cuanto al resultado semestral de la sociedad dominante, Aguas de Valencia, éste se sitúa en 124 millones de pesetas, la misma cifra del año anterior. Esta ligera mejoría en los resultados se hace pública dos semanas después de que los principales accionistas de Aguas iniciasen una guerra por el control de la compañía con vistas a la renovación por parte del Ayuntamiento de Valencia de la concesión del abastecimiento de agua potable por un periodo de 50 años. La compañía Saur, filial de la sociedad francesa Bouygues, posee el 43% del capital de Aguas de Valencia, seguida del BCH, que cuenta con un 15%, y del Banco de Valencia (Grupo Bancaja), con un 5%. "Valencianizar" En el origen del conflicto está el Consistorio valenciano, presidido por la popular Rita Barberá. El concejal Alfonso Grau se descolgó hace unos meses con una advertencia clara: Aguas de Valencia debía "valencianizar" su accionariado si aspiraba a renovar la concesión, lo que en la práctica significaba que los accionistas franceses cediesen parte de su cartera al Grupo Bancaja, así como a un reducido grupo de empresarios locales. Las pretensiones del Ayuntamiento no gustaron en principio a los franceses, que se veían así obligados a desprenderse de un 13% de sus acciones si querían optar a la renovación del contrato. Saur y el Banco de Valencia llegaron a finales del pasado julio, después de unas largas y tensas negociaciones, a un acuerdo en torno al precio de las acciones, alrededor de 1.000 millones de pesetas. El acuerdo estaba previsto que fuera refrendado en el consejo de administración que Aguas de Valencia convocó el pasado 30 de julio. También se había acordado de antemano que la elección de presidente, ocupada en funciones desde el fallecimiento de Fernando Abril Martorell, fuera consensuada por el Grupo Bancaja, el BCH y el accionista francés. Esto no fue posible, ya que el Grupo Bancaja, de la mano de su presidente, Julio de Miguel, dio un golpe de timón y desplazó de la vicepresidencia primera a uno de los consejeros de Saur para colocar a Álvaro Aguirre, consejero delegado y director general de Aguas de Valencia. También propició el nombramiento de Vicente Montesinos, consejero de Bancaja, como secretario de Aguas de Valencia. Esta acción enfureció a los accionistas franceses, que dieron por rotas las negociaciones para la venta de un 13% al Grupo Bancaja. La renovación de la concesión de Aguas de Valencia, un negocio valorado en 500.000 millones de pesetas, además de la guerra entre accionistas, ha reavivado las tensiones entre las distintas familias del PP, que pugnan desde el Ayuntamiento, la Generalitat y el Consell Metropolità de L"Horta por influir en la composición del accionariado.