La ley rompe los sueños de 500 ecuatorianos

La ley comienza a chocar con la realidad. Así es la vida de ocho ecuatorianos que habitan en uno de los pisos frente a la Plaza Municipal de Totana. Son profesores, conductores y amas de casa que abandonaron su país en busca de una "mejor vida". Como los 500 ecuatorianos que habitan en este municipio de Murcia, trabajan en la agricultura y son bien recibidos por la comunidad totanera, en la que están bien integrados. Quieren quedarse en España tres años, ahorrar un dinerillo y regresar a Ecuador. Pero su sueño y su vida choca con la Ley de Extranjería, que los convierte en ilegales.Para Luis, Marcela, Marco, Sonia, Patricia, Washington, Walter y Patricio, "una mejor vida" es poder regresar a Ecuador y comenzar a construir una casa, invertir en un negocio, comprarse una vaca o pagar la cirugía de algún familiar. Seis de ellos fueron detenidos por la Guardia Civil en la medianoche del pasado 10, mientras hablaban por teléfono en un parque. Su expulsión del país está en trámite.

La vida de la mayoría de los ecuatorianos transcurre entre los cultivos de los alrededores, las tiendas de autoservicio, la iglesia y los pisos que alquilan por todo el pueblo. Tratan de ser educados, de no molestar a nadie. Van a bares, pero no se emborrachan. Juegan al fútbol y al balónmano, incluso en las canchas del colegio que está al lado del cuartel de la Guardia Civil. Intentan ser discretos, pasar desapercibidos en este pueblo de 21.000 habitantes. Pero ya son más de 500.

No son un colectivo aislado. Participan de las fiestas locales y hoy son motivo de la movilización social que se prepara en Totana. Ayer mismo, la concejal Josefina Gálvez (IU) reunía la documentación para presentar un recurso en contra de la expulsión de 17 de ellos promovida por la Delegación del Gobierno en Murcia. Mientras, colectivos de vecinos, sindicatos, organizaciones humanitarias y empresarios ultiman una manifestación para el próximo lunes en defensa de los inmigrantes.

El alcalde, Juan Morales (PP), reconoce que es un colectivo perfectamente adaptado. "No imprescindibles" en una comunidad dedicada tradicionalmente al cultivo de hortalizas, pero sí necesarios, sobre todo a partir de septiembre, cuando la recolección de las cosechas aumenta la demanda de mano de obra.

Algunos empresarios se han acercado al Ayuntamiento, preocupados por las acciones que ha emprendido la Guardia Civil para revisar su situación legal. Una orden que, irremediablemente, conduce a la expulsión de los que no tengan los papeles en regla. Pero desde Totana poco se puede hacer en contra de una ley que dificulta la regularización y que impide que los empresarios corran el riesgo de contratar a ilegales.

Ayer mismo, Raúl Tellio, portavoz de la Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos, declaró a la agencia Efe que sus compatriotas han sido despedidos del trabajo "por el miedo de las empresas que los acogían a ser inspeccionadas". Tellio llamentó que la difusión de la noticia de que la mayoría de los ecuatorianos no tienen la documentación en regla "ha tenido un efecto contrario al que deseábamos, ya que los empresarios se han echado atrás en su intención de ofrecernos nuevos contratos para campaña de septiembre".

Estos inmigrantes son contratados para el cultivo de cebolla, alcachofa, pimiento, uva, tomate, brócoli, lechuga, melón y sandía, principales productos de esta región. Cada empleador contrata a unos 20 durante temporadas específicas. Aunque algunos empresarios han firmado precontratos para solicitar el permiso de trabajo de sus jornaleros y, después, la residencia legal, la mayoría de los trámites no culminan el proceso.

Por un lado, los ciclos agrícolas impiden que se les pueda dar contratos de más de tres meses. Por otro lado, la ley establece que deben regresar a Ecuador para concluir sus trámites en la embajada española, y pocos de ellos están dispuestos a invertir 250.000 pesetas en el billete de avión arriesgándose a que el trámite los mantenga allá seis meses, inactivos.

Los trámites para la regularización pueden tardar hasta un año y medio, según explica Josefina Gálvez, y la mayoría de los ecuatorianos no piensa en radicarse definitivamente en España. Como Mariana, que sólo quiere ahorrar para pagar la operación de su esposo en Ecuador, dejan en su país a sus familias y vienen por temporadas de tres años como máximo. Lo suficiente para regresar y rehacer su vida con unos ahorros.

El alcalde reconoce estas contradicciones. Se lamenta de ellas diciendo que "la solución escapa de las manos de los ayuntamientos y otros tendrán que tomar nota de esta situación".

El primer edil asegura que el municipio trata de facilitar la vida a los inmigrantes, acercándoles los servicios sociales para los que no se requiere la documentación. Pero nada más. "Se puede hablar, pero siempre te quedas en declaraciones de buenas intenciones", agrega.

Las propuestas vienen de la oposición, de las asociaciones civiles, de los empleadores y de los propios ecuatorianos. Todos piden que se flexibilice la ley. Que aumenten los contingentes de trabajadores extranjeros que acepta España cada año (un total de 28.000 en 1998), que las plazas legales se distribuyan según las necesidades de cada localidad, que se agilicen los trámites y que, al menos en Totana, se paralicen las expulsiones.

Nora Aguirre, una ecuatoriana de 35 años, llegó a Totana el 18 de mayo. Para comprar su billete de avión de Quito a Madrid se endeudó por importe de 11 millones de sucres (unas 300.000 pesetas) que terminará de pagar en un año. En su país era comerciante y costurera; en Totana, como sus compatriotas, trabaja en el campo. Gana un jornal de 4.500 pesetas, una cantidad nada despreciable en comparación con el salario mínimo de su país que no le permitió ahorrar ni para el avión que la trajo a España.

Como la mayoría de los ecuatorianos residentes en este pueblo murciano, llegó originalmente a Madrid atraída por las historias que le contaban sus amigas. Pero ahí se encontró con la feroz realidad a la que se enfrentan todos los inmigrantes. No hay trabajo, es casi imposible obtener la regularización y la vida es más cara.

En menos de un mes se enteró de la existencia de Totana, donde tampoco es posible legalizar la residencia, pero donde hay al menos hay trabajo, aunque sea duro.

Su idea, como la de todos los inmigrantes ecuatorianos, es trabajar en España, ahorrar lo suficiente para comprar un terreno en Quito y construir una casa, o invertir en maquinaria para su negocio de costura. Es una inversión de tres años, lejos de su esposo Patricio y de sus dos hijos, de 13 y 15 años. "Pero vale la pena", dice Nora Aguirre.

Hace un mes, Patricio trató de venir a España. Pensaba que entre él y su esposa tardarían un año menos en ahorrar lo suficiente para pagar sus deudas y arrancar su negocio. Se endeudó, compró un billete de avión, pero al llegar al aeropuerto de Madrid-Barajas fue interceptado por la polícía y devuelto a su país. "Vienes por lana y te vas trasquilado", se queja Nora. Ahora debe trabajar duro para ahorrar lo suficiente y pagar dos billetes de Quito a Madrid (600.000 pesetas). Y empezar todo de nuevo.