El presidente del Supremo reclama para los jueces la regulación de penas

"La ejecución de las penas no puede quedar en manos de una administración pública y además con una gran amplitud en su discrecionalidad". Así de rotundo se manifestó ayer el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Javier Delgado, cuando se le pidió su opinión sobre la reciente excarcelación de Mario Conde. Conde regresó ayer a la prisión de Alcalá Meco tras finalizar su permiso de 72 horas, que pasó "muy tranquilo", según su esposa, en su finca de La Salceda (Ciudad Real).

Las declaraciones del presidente del Supremo, que inauguró el curso Intimidad y asedio informático en El Escorial (Madrid), fueron apoyadas también ayer por las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria y Asociación Profesional de la Magistratura, por la Asociación de Fiscales y, en el plano político, por IU (PSOE y Nueva Izquierda se han pronunciado también a favor de la regulación de penas por el poder judicial en días anteriores).Javier Delgado matizó que no quería dar una "opinión" sobre el caso concreto del ex banquero, y, tras subrayar que se refería al conjunto de las excarcelaciones, aseguró que "las decisiones que afectan trascendentalmente a la decisión de la sentencia y a la duración de la pena impuesta por los tribunales, y subrayo por los tribunales, deberían corresponder a los tribunales".

El presidente del CGPJ recordó que la Constitución dice que al juez le corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. "No cabe duda entonces que ha de producir una profunda extrañeza que la Administración penitenciaria pueda adoptar medidas que dejen en el ámbito de lo ilusorio la ejecución de las penas que imponen los tribunales".

Recurso

Acerca del recurso en contra que ha interpuesto el ministerio fiscal contra la decisión de la Administración penitenciaria que ha permitido pasar a Conde este fin de semana fuera de la cárcel, el presidente del Supremo declaró que está en función de un órgano jurisdiccional cuya independencia respetaba. "No puedo decirles lo que pienso sobre el contenido de ese recurso porque ha de ser el juez de vigilancia penitenciaria el que decida si la decisión de la Administración penitenciaria se ajusta o no a derecho", concluyó.Las asociaciones de jueces y de fiscales, que respaldan el análisis del presidente del Supremo, creen necesaria una reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria para que la ejecución de las penas privativas de libertad dependa del poder judicial.En nombre del PP, su portavoz de Justicia en el Congreso, Andrés Ollero, manifestó que el tercer grado concedido a Conde "es una decisión reglada", que reponde a "requisitos objetivos".

Entre las declaraciones más duras de la jornada se encontraron las del coordinador general de IU, Julio Anguita, quien calificó el tercer grado concedido a Conde como "un atentado al Estado de derecho".

Mario Conde regresó ayer a la cárcel de Alcalá Meco tras pasar el fin de semana en su finca La Salceda, ubicada en Retuerta de Bullaque (Ciudad Real). Según el alcalde de la localidad, el ex banquero no salió de la finca. A su llegada a la prisión, Conde declinó hacer comentarios sobre el recurso interpuesto contra el tercer grado de que disfruta y sólo dijo que el fin de semana se le había hecho muy corto.