Gil acusa de prevaricación y falsedad a cinco delegados de la Junta por el PGOU de Marbella

La querella presentada por el Ayuntamiento de Marbella contra los miembros de la Comisión Provincial de Urbanismo que rechazaron la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) afecta a cinco delegados de la Junta de Andalucía en Málaga, a seis funcionarios de distintas administraciones y a dos alcaldes. El alcalde de Marbella, Jesús Gil, acusa a todos ellos de prevaricación y de falsedad en documento público. Jesús Gil sostiene en la querella que el acta de la sesión en la que la comisión rechazó el plan está manipulada.

La denuncia, presentada el pasado jueves en el juzgado decano de Málaga, sostiene que los acuerdos tomados por la Comisión de Urbanismo "son actos arbitrarios que violan frontalmente la legalidad" y que estas decisiones no parten de dicha comisión, "sino que ha sido adoptada en las instancias del PSOE de Málaga y, en su caso, de Andalucía". Gil acompaña como documentación pronunciamientos de la Ejecutiva provincial socialista a favor de la suspensión del plan, antes de que ésta se acordase. La querella defiende la elección de modelo de ciudad como competencia exclusivamente municipal. En la denuncia se entiende que la Junta actúa sin tener en cuenta la existencia de cobertura legal, propiciando que la Comisión de Urbanismo "deniegue y suspenda determinaciones lisa y llanamente porque le viene en gana, negando la Ley Estatal 6/1998", que modifica la Ley de Suelo de 1992. El Ayuntamiento esgrime que con la aplicación de esta ley "no es preciso justificar la clasificación del suelo como urbanizable, sino la del suelo no urbanizable", siguiendo un informe del catedrático de Derecho Administrativo, Tomás Ramón Fernández. La tesis que mantiene es que la Comisión de Urbanismo no tomó una resolución sino cuatro, al denegar una parte de la revisión, suspender otra y aprobar una última, para finalmente suspender la totalidad del futuro PGOU. Entienden que esta decisión "es un acto generador de daño y su valoración no puede ser más injusta, en perjuicio y con el objeto de causar un daño al pueblo y al Ayuntamiento de Marbella". Gil denuncia también la manipulación del acta de la comisión de Urbanismo que rechazó el PGOU, "incluyéndose en ella como si fuera el informe técnico, afirmaciones que en (dicho) informe para nada", que señala como un presunto delito de falsedad en documento público. Se argumenta la incorporación al expediente de revisión de informes "extemporáneos" y de no tener en cuenta los expedientes de subsanación de deficiencias presentados por el consistorio. Los delegados querellados son los de Gobernación, Obras Públicas, Agricultura, Medio Ambiente y Salud.