El Estado abona 296 millones a 150 afectados en el primer pago por la "pantanada" de 1992

El Estado transfirió ayer 296 millones de pesetas a la cuentas bancarias de 150 de los perjudicados por la rotura de la presa de Tous, la catástrofe que el 20 de octubre de 1982 -hace casi 16 años- asoló 32 municipios de la Ribera. Estos pagos, los primeros que efectúa el gobierno en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, llegarán en las próximas semanas a los otros 5.000 damnificados que agotaron la vía legal. Los perjudicados sólo cobrarán intereses desde que reclamaron sus indemnizaciones ante la Delegación del Gobierno, hace apenas 15 días.

La máquina burocrática articulada en la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana y la sección tercera de la Audiencia de Valencia para hacer efectivos los pagos a los damnificados de Tous se puso en marcha ayer, casi 16 años después de que la rotura de una presa asolara decenas de municipios, destruyera miles de hectáreas de terreno agrícola y arrasara viviendas e industrias del corazón de Valencia, la comarca de la Ribera. Los funcionarios de la sucursal del Estado remitieron una lista con 150 nombres a la Audiencia, donde las autoridades judiciales dieron órdenes a la entidad bancaria que trabaja con la Administración de Justicia -el Banco Bilbao Vizcaya- para que ingresara en la cuenta de esos 150 damnificados por la pantanada de Tous un total de 296 millones de pesetas. Otros 5.000 perjudicados por la catástrofe (el resto de los que decidieron apostar por los tribunales para reclamar sus derechos) serán compensados antes del próximo otoño. Ricardo March Marco, un vecino de Algemesí, no tendrá que esperar más. Es la última de las 150 personas inscrita en la lista facilitada por la Delegación del Gobierno que, según un portavoz de esta institución, cobraron ayer. No obstante, March Marco no encajó la noticia con felicidad, tampoco con disgusto. Buena prueba de ello es que ni siquiera se molestó en comprobar si su cuenta corriente había aumentado de saldo. "No he tenido ocasión de acercarme al banco y ver si se ha realizado la transferencia bancaria", dijo March, quien, desde una combinación de escepticismo e ironía rechazó pronunciarse sobre la justicia de las indemnizaciones. "Desconozco si son las adecuadas, lo único cierto es que todos los perjudicados por la pantanada hemos salido perdiendo. Nadie resulta beneficiado cuando una desgracia inesperada le afecta". El distanciamiento de March respecto al caso le lleva a mostrarse condescendiente, incluso indulgente, para con el Estado, dos de cuyos poderes -el Ejecutivo y el Judicial- han necesitado cuatro juicios, dos decretos-ley y 16 años para empezar a cerrar las heridas causadas por la catástrofe. "El Estado es el amo, es el que manda, por lo que poco puedo decir yo acerca del retraso en los pagos o su actuación en este tema", remató el vecino de Algemesí de forma lacónica. March, como Vicenta Ferrer Castelló o el resto de los afectados por el derrumbamiento de la presa de Tous que se disponen a cobrar, desconocía en qué medida sus indemnizaciones aumentarían con el pago de intereses que fijaba el auto de ejecución de la sentencia que finiquitó el caso. El auto de la Audiencia de Valencia -la decisión jurídica que fijaba las indemnizaciones a percibir por los afectados en base a la sentencia definitiva del Tribunal Supremo- determinó que la Administración del Estado "pagará el interés legal vigente del dinero si, transcurridos tres meses desde la notificación de la presente resolución, no se ha efectuado cumplido pago a los damnificados de las cantidades expresadas", tal como ha sucedido. La resolución fue trasladada a las partes en litigio el 24 de marzo, mientras que el Estado -a través de la Delegación del Gobierno- tardó 112 días (tres meses y medio) en citar a los 5.000 beneficiados en la sentencia para tramitar los correspondientes cobros. A pesar de ello, el cobro de intereses se limitará al periodo comprendido entre la reclamación por escrito de los damnificados ante la Delegación y el día de pago. Semanas de intereses Es decir, entre el momento en el que los perjudicados completaron el formulario necesario para cobrar -etapa que comenzó el pasado 13 de julio- y el del abono de los pagos, que se inició ayer y concluirá, en principio, entre septiembre y octubre. El Estado no soportará ningún gravámen por los cinco meses -el 27 de febrero se hizo público el auto y ayer no se comenzó a pagar- que ha tardado en hacer efectivas las indemnizaciones. De todas formas, el capítulo de las compensaciones por la pantanada aún no ha sido cerrado. El gobierno y la Generalitat negociarán con cerca de 28.000 damnificados (los que se acogieron a las ayudas ofrecidas por el Estado en sendos decretos- ley) nuevas indemnizaciones. Éstas deben equiparar las cantidades a percibir por los 5.000 vecinos que agotaron la vía judicial con el resto, que fue compensado con cantidades bastante inferiores.